El Pleno del Consell ha validado la autorización a la Abogacía General de la Generalitat para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, que desarrolla las medidas impuestas por el Gobierno central en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados.
Esta decisión se suma al recurso de inconstitucionalidad ya interpuesto en mayo contra el Real Decreto Ley 2/2025, al entender que ambas normas vulneran el orden constitucional de distribución de competencias, suponen una carga económica insostenible, y ponen en riesgo la calidad del sistema de protección de la infancia y adolescencia.
Así lo ha explicado la portavoz del Consell, Susana Camarero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión plenaria, donde ha denunciado que este reparto de menores se ha realizado “de forma unilateral, sin negociación previa, sin explicar los criterios y, lo que es más grave, sin prever los recursos necesarios para atender dignamente a estos menores”.
El gobierno sólo cubre la estancia durante 3 meses de los 571 menores no acompañados que nos otorga a la Comunitat Valenciana
Según ha informado, la Comunitat Valenciana debería asumir la llegada de 571 menores, lo que supondría un coste de 44,5 millones de euros anuales, frente a los 7,4 millones anunciados por el Gobierno, que solo cubrirían su estancia durante tres meses. “El sistema de protección de menores en nuestra Comunitat ya está tensionado, y esta imposición solo generaría hacinamiento y falta de atención adecuada”, ha afirmado.
Camarero ha recordado que en 2024 se atendieron 912 menores extranjeros sin referente familiar en la Comunitat Valenciana, con una ocupación media del 160 %, y que ya se había hecho un esfuerzo inversor de más de 9 millones de euros para aumentar en más del 60 % las plazas de atención residencial. “No es falta de solidaridad, es responsabilidad. No se puede atender a estos menores como merecen sin personal, infraestructuras ni financiación adecuada”, ha remarcado. Además, ha cuestionado que comunidades como Cataluña o País Vasco hayan quedado fuera del reparto y ha lamentado la falta de criterios objetivos de equidad.
La vicepresidenta ha destacado que el recurso cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y, al igual que ocurrió con el real decreto ley, se considera que puede infringir el ordenamiento constitucional de distribución de competencias, así como vulnerar los derechos fundamentales de estas personas menores de edad, lo que hace necesaria la presentación del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
