La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España que desarrolle «una verdadera política migratoria» y ha denunciado que pretende imponer un reparto de menores migrantes no acompañados «sin criterios objetivos, sin planificación, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas».
Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, la vicepresidenta primera del Consell ha mostrado su solidaridad con Canarias “por la situación que están padeciendo de crisis migratoria desde el otoño de 2023″ y ha recriminado que el Gobierno central pretenda solucionar el problema «trasladando su responsabilidad a las comunidades autónomas, sin contar con una política migratoria real».
La solución del gobierno
El gobierno quiere sacar de Canarias y repartir a 6.000 menores no acompañados por las distintas comunidades autónomas de la península y Baleares para desatascar Canarias. Hoy ha celebrado una reunión preparatoria en la que se ha pedido a las CC-AA. el estado de sus centros de acogida y testen su capacidad, y han anunciado que próximamente con carácter vinculante decidirá los criterios para el reparto de esos 6.000 menores, un reparto que será obligatorio y se llevará a efecto en el verano de este mismo año.
Rechazo del gobierno valenciano
Susana Camarero ha criticado que Sánchez “incumpla su responsabilidad y ponga parches ante su incapacidad de abordar una política real que permita atajar la crisis migratoria con el único objetivo de obtener el plácet de los independentistas catalanes para mantenerse en La Moncloa y todo a costa de la dignidad de los menores”.
Camarero ha lamentado que el Gobierno central convoque “una reunión tan importante sin trasladar la información de lo que se quiere debatir e imponiendo a las autonomías un orden del día en el que no hemos podido participar». “Una convocatoria que no es legal, y que tratan de urgente cuando venimos hablando de este problema dos años y que no va a acabar porque estamos con un Gobierno incapaz de desplegar Frontex y atajar la inmigración de forma efectiva”, ha aseverado.
La vicepresidenta ha opinado que la crisis migratoria se debe a «la falta de política migratoria del Gobierno de España, que está provocando un efecto llamada» y ha exigido una política migratoria en origen “para evitar que los migrantes se jueguen la vida en el mar”, así como una “política de prevención y de reparto en coordinación con el resto de los países europeos”.
Un problema económico para las arcas de la Generalitat Valenciana
Camarero ha recordado que «la Comunitat Valenciana es una autonomía solidaria y receptora, dado que llegan migrantes a nuestras costas y, además, durante el año 2024 aumentó el número de plazas en un 66% y, pese a ello, hoy nos encontramos con una sobreocupación del 160 %”.
La consellera también ha recordado que el coste del proyecto migratorio supone más de 23 millones anuales que el Gobierno valenciano asume casi en solitario, dado que el Gobierno de Sánchez solo paga 1,2 millones. Asimismo, ha detallado que los centros gestionados a través de conciertos, a través de los que se ofrece a los menores una atención integral y de calidad, tienen «un coste por cada menor al día de 218,85 euros», por lo que se ha preguntado si el Gobierno «va a transferir a la Comunitat Valenciana 6.500 euros al mes, 78.800 euros por cada menor al año, para cubrir estos gastos o si lo que busca es crear menores de primera y de segunda”.
Ante esta situación, Camarero ha reclamado al Ejecutivo la financiación necesaria para compensar los gastos derivados de la acogida de menores en la Comunitat Valenciana, “que merecen una atención digna”. Además, ha considerado “inaceptable la infrafinanciación que sufre este territorio, que ha padecido la peor tragedia natural de la historia de España y que, actualmente, está asumiendo un importante esfuerzo económico para mantener los recursos destinados a menores no acompañados”, según ha lamentado la vicepresidenta.
Calidad vs hacinamiento
La consellera también ha alertado sobre los problemas prácticos del reparto de menores porque «no hay infraestructuras donde ubicarles” y ha recordado que la Comunitat Valenciana ofrece una atención integral de calidad a los menores tutelados. “Nuestros centros están gestionados con criterios de calidad, en espacios reducidos y personalizados. No podemos aceptar modelos de hacinamiento que perjudiquen a los menores y deterioren el sistema”, ha afirmado.
Del mismo modo, ha criticado que el Gobierno «deje tirados a los menores en cuanto cumplen los 18 años» porque «carece de política de emancipación», mientras que la Comunitat Valenciana sí ofrece recursos de emancipación, porque “cuando llega la mayoría de edad y llega la realidad, nos encontramos con menores sin casas, sin trabajo, sin papales y en la marginación social por no darles atención, planificación y seguimiento”.
La vicepresidenta también se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que insta al Gobierno a dar asilo a 1.400 menores y el Gobierno de Sánchez ha incumplido el plazo y ha dicho que no tiene medios para hacerlo. “Cómo es posible que un Gobierno no tenga capacidad para acoger a estos menores y quiera imponer a las comunidades autónomas que acojamos a un número importante de menores”, ha recriminado Camarero, quien ha criticado que “el Gobierno de Sánchez puede estar incumpliendo permanentemente su responsabilidad y buscar que las comunidades autónomas se hagan cargo de su incompetencia”.
