La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada por su actuación durante la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según su defensa, la magistrada instructora del caso estaría vulnerando derechos fundamentales en el desarrollo del procedimiento.
Una instrucción cuestionada
La queja ha sido presentada por su abogado, Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, quien ha denunciado ante el CGPJ que el derecho de defensa de Pradas está siendo “gravemente afectado”. A su juicio, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja estaría incurriendo en una serie de actuaciones que comprometen la imparcialidad y equidad del proceso judicial.
Denuncian irregularidades y vulneración de garantías
Entre los argumentos presentados, la defensa señala:
- Resoluciones judiciales con afirmaciones categóricas “sin base probatoria suficiente”.
- Predeterminación del objeto de la instrucción, sin margen para el debate procesal.
- Denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes.
- Limitación del derecho de defensa durante las declaraciones.
- Posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial.
- Uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base para resoluciones judiciales.
- Excesiva duración en la práctica de diligencias de prueba.
Todo ello, asegura el letrado, “pone en cuestión la equidad del procedimiento” y vulnera los principios fundamentales que rigen un proceso justo.
«Garantizar un proceso justo y conforme a Derecho»
El abogado de Pradas ha insistido en que se trata de una causa de gran relevancia social y complejidad, lo que exige un escrupuloso respeto a las garantías procesales. Subraya que “el respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial”.
Por ello, solicita al CGPJ que revise la actuación de la magistrada y que adopte las medidas necesarias para que el procedimiento se desarrolle “conforme a Derecho y sin interferencias que comprometan los derechos de las partes”.
Contexto: la causa judicial por la DANA
La jueza de Catarroja instruye una causa penal por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 228 personas fallecidas en la provincia de Valencia. La investigación trata de determinar si hubo negligencia institucional, fallos en la activación de alertas o falta de previsión por parte de las autoridades autonómicas.
Salomé Pradas ya ha prestado declaración en calidad de investigada, y su nombre ha sido mencionado en diversas diligencias como una de las responsables de la coordinación institucional durante la emergencia.
