Pedro Sánchez se reúne con familias de 3 presos en Venezuela, excluyendo a 16 presos con nacionalidad española que se encuentran recluidos por Maduro.
ESPAÑA — 23 de diciembre de 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una ola de críticas tras su reciente reunión con familiares de tres detenidos en Venezuela. La controversia surge al confirmarse que el Ejecutivo ha excluido de su agenda institucional a otros 16 ciudadanos de nacionalidad española que permanecen recluidos bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
Según cifras de la organización Foro Penal, Venezuela mantiene actualmente a 19 presos políticos con nacionalidad española. Este dato sitúa a España como el segundo país con mayor número de ciudadanos encarcelados por motivos políticos en territorio venezolano, solo superado por Colombia. Sin embargo, la atención gubernamental se ha limitado a menos del 20% de los casos.
El reclamo de la diáspora: «Españoles de segunda»
Diversas figuras de la diáspora venezolana han calificado esta selección como una «exclusión injustificable». Mary Ponte, exrepresentante de Venezuela ante la Unión Europea, denunció a través de la red social X que el criterio de selección parece basarse en el lugar de nacimiento y no en la legalidad de la nacionalidad.
Ponte lamentó que el presidente ignore a quienes, siendo hijos de emigrantes, poseen la nacionalidad española por origen. «Como hija de un español, lamento profundamente su irresponsabilidad. Son ciudadanos españoles y merecen un Estado que garantice sus derechos», sentenció la representante.
El caso emblemático de Rocío San Miguel
Dentro de los 16 nombres omitidos en la gestión institucional destaca el de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. San Miguel, de ascendencia cántabra, cumple casi dos años de detención arbitraria. Su caso se ha convertido en el símbolo de los ciudadanos que, a pesar de su estrecho vínculo con España, no han recibido el mismo respaldo diplomático que los nacidos en la península.
Llamada a la defensa integral
Organizaciones de derechos humanos han instado al Palacio de la Moncloa a rectificar su estrategia. El reclamo es unánime: el Gobierno debe asumir una defensa integral y sin distinciones de todos los españoles detenidos en Venezuela, exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales independientemente de su lugar de nacimiento.
