VALENCIA – La administración sanitaria valenciana ha admitido, por la vía de los hechos y la compensación económica, un nuevo y trágico episodio de colapso y negligencia en las urgencias hospitalarias. La compañía aseguradora de la Conselleria de Sanitat y el Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia han formalizado un acuerdo para indemnizar con 225.000 euros a los familiares de una mujer de 69 años que perdió la vida tras permanecer 36 horas en un box de urgencias sin recibir el tratamiento prescrito ni vigilancia médica alguna.
Los hechos, que han generado una profunda indignación en las asociaciones de defensa de los usuarios, se remontan al 7 de mayo de 2025. Lo que comenzó como una consulta por dolor abdominal y vómitos terminó en una tragedia evitable debido, según la reclamación patrimonial, a una «omisión de socorro encubierta» bajo el pretexto de la falta de camas.
Una espera letal de 36 horas
La cronología del suceso es desoladora. La paciente ingresó en el servicio de Urgencias del Hospital General de Valencia a las 00:12 horas, aquejada de un fuerte dolor abdominal y sensación de hinchazón. Tras una evaluación inicial que incluyó pruebas diagnósticas y una ecografía, el equipo de cirugía general y digestiva emitió un diagnóstico claro: pancreatitis aguda biliar.
Dada la gravedad del cuadro, se ordenó su ingreso inmediato. Sin embargo, los informes médicos recogen la realidad que sufren muchos centros públicos: no había camas disponibles ni en las plantas de hospitalización ni en las salas de tratamiento. La mujer fue trasladada a un box de urgencias para «esperar un hueco», una espera que se prolongó durante 36 agónicas horas.
Durante ese tiempo, según ha subrayado la asociación El Defensor del Paciente, el registro médico se detuvo por completo. «No consta ningún registro de constantes vitales, ni analíticas, ni ninguna otra exploración posterior a la de su entrada al hospital», denuncian los letrados de la asociación. La paciente permaneció en una suerte de limbo asistencial hasta que, a las 07:32 horas del día siguiente, el personal sanitario descubrió que la mujer había fallecido sola en el box.
La «pasividad» del personal médico
El acuerdo administrativo alcanzado evita que el caso llegue a juicio, pero no oculta la dureza de las acusaciones. El Defensor del Paciente ha sido tajante al describir la situación: la mujer sufrió la «inacción y pasividad» del personal medicosanitario. La falta de supervisión fue tal que, cuando los facultativos advirtieron el deceso, ya no existía posibilidad alguna de reanimación.
«La paciente fue privada de la posibilidad de un tratamiento médico que pusiera remedio a la pancreatitis. Fue abandonada en un box», señala el comunicado de la entidad.
La pancreatitis aguda es una patología cuya evolución puede ser impredecible. Aunque la mayoría de los casos son leves, las formas graves —como la que sufría la fallecida— implican una inflamación extensa y el riesgo de fallo multiorgánico, con una mortalidad que supera el 30%. Los protocolos médicos establecen que para estos casos es fundamental una vigilancia estrecha, el uso de escalas pronósticas y una monitorización continua para detectar signos de empeoramiento. En el Hospital General de Valencia, nada de esto ocurrió.
El impacto de la falta de recursos
Este caso pone de relieve la crítica situación de la sanidad pública valenciana y el fenómeno del «doblaje» de camas o la retención de pacientes en urgencias por falta de espacio en planta. La falta de recursos materiales —la ausencia de una cama de ingreso— derivó en este caso en una negligencia asistencial, ya que la falta de infraestructura no justifica el cese del seguimiento clínico.
La indemnización de 225.000 euros busca resarcir el daño moral y los perjuicios causados por una muerte calificada de «prematura e innecesaria». Sin embargo, para la asociación de pacientes, el dinero no soluciona el problema de fondo: la gestión de las urgencias y la seguridad del paciente en situaciones de saturación.
Este acuerdo marca un precedente en la exigencia de responsabilidades por «tiempos de espera» que acaban convirtiéndose en sentencias de muerte silenciosas. La familia, tras meses de lucha administrativa, cierra así un capítulo doloroso, mientras que la sanidad pública queda nuevamente señalada por la brecha insalvable entre el diagnóstico y la atención efectiva.
