El magistrado Ángel Hurtado, juez instructor del Tribunal Supremo que instruye la causa por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha citado a declarar en calidad de imputado al Fiscal General del Estado el próximo 29 de enero. Además, cita el mismo día a declarar a la Fiscal Jefe de Madrid por el mismo delito.
El juez considera en un auto muy duro apuntalados los hechos denunciados con respecto a la investigación de Hacienda sobre una comisión de un presunto fraude fiscal al novio de la actual presideta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
El juez apunta ya a la Presidencia del Gobierno
El juez en su auto desliza que existiría un tercer actor en la comisión del delito y apunta ya a presidencia del gobierno por la revelación de secretos de una investigación fiscal en curso y es que cabe recordar que en un hecho sin precedentes, la propia Fiscalía General del estado, dependiente del Gobierno emitió un comunicado sobre la pareja de Ayuso y su investigación de Hacienda.
Mientras que nos e encontraron mensajes en el móvil del Fiscal general, por lo que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez exigió pidieran perdón al Fiscal General, luego se supo que fueron borrados e incluso cambió de terminal de móvil.
Todo lo relativo a este caso se enrarece cada vez más y el juez ya apunta a que el gobierno o partes del mismo habrían podido filtrar la información de la investigación de hacienda al novio de Ayuso, una irregularidad total, parece que revelando datos secretos y no conocidos fuera del ámbito de la Fiscalía y en poder del gobierno del Estado.
El Ministro del Interior, Marlaska con el Fiscal General
En una comparecencia del Ministro Marlaska y preguntado por este asunto, Marlaska ha asegurado que desde el gobierno siguen confianza en el Fiscal general del Estado que depende del propio Ministerio y ahora ya imputado, y además asegura que no comparte la decisión del juez, en un claro ejemplo de nuevo rifirrafe entre el poder ejecutivo y el judicial.
En una situación sin precedentes veremos al Fiscal General, un cargo institucional del Gobierno declarar en una investigación contra la Fiscalía y él mismo ante un juez del Tribunal Supremo, el alto tribunal español.
