MADRID. — El Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a mostrar un profundo desprecio hacia las instituciones democráticas e ignora las vías de control parlamentario en pleno clímax de una de las crisis migratorias e institucionales más graves vividas en Ceuta. La ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la comisión extraordinaria del Senado supone el tercer plantón consecutivo del gabinete socialista en solo dos semanas, sumándose a los dantescos vacíos dejados previamente por Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores).
Un cerrojo institucional a medida en el Congreso
La estrategia de Moncloa es tan descarada como calculada: evitar la Cámara Alta, donde la oposición ejerce su mayoría, para refugiarse a finales de mes en el Congreso de los Diputados. En la Cámara Baja, bajo el paraguas de la presidenta socialista Francina Armengol —socialista y de acreditada afinidad con el Ejecutivo—, el Gobierno busca un formato a su medida para aplazar y diluir la rendición de cuentas sobre la gestión del caos que sufre la ciudad autónoma.
| Ministro ausente en el Senado | Responsabilidad en la crisis | Estrategia de esquive |
| Fernando Grande-Marlaska (Interior) | Seguridad de fronteras y gestión de la presión migratoria. | Plantón alegando incompatibilidad de agenda. |
| José Manuel Albares (Exteriores) | Relaciones con Marruecos y diplomacia comunitaria. | Plantón, sustituido por visita institucional a unas obras en Barcelona. |
| Margarita Robles (Defensa) | Despliegue de apoyo militar en el perímetro fronterizo. | Plantón aduciendo necesidad de preparar su intervención hasta septiembre. |
Sánchez de vacaciones frente a la emergencia ceutí
El contraste ético y de gestión no puede ser más demoledor. Desde que la tensión y el desbordamiento en Ceuta comenzaran a escalar a finales de julio, Pedro Sánchez no consideró oportuno modificar sus planes de descanso e inició sus vacaciones. Mientras miles de ciudadanos viven con angustia el impacto y la saturación de los servicios públicos, el presidente optó por «despachar» la situación con meras videoconferencias esporádicas de pocos segundos en imágenes sin audio, negándose a comparecer con urgencia en sede parlamentaria.
«Relegar las explicaciones a los últimos días de agosto constituye una falta absoluta de responsabilidad que únicamente retrasa las soluciones urgentes y definitivas que la ciudad de Ceuta exige a gritos.»
La negativa a rendir cuentas de forma inmediata ante la representación territorial del Estado rompe cualquier principio de cortesía parlamentaria y vulnera el deber constitucional de someterse al control de las Cortes. El Gobierno, en lugar de poner todos los recursos del Estado para resolver la emergencia con altura de miras, prefiere ganar tiempo en los despachos mientras Ceuta sigue esperando medidas inmediatas que no pueden aguardar al fin del periodo estival.
