La Oficina de Protección del Menor busca blindar los entornos pastorales ante el aumento de casos entre laicos y menores. La Iglesia aplicará una normativa canónica más restrictiva que la ley civil para castigar abusos, incluso con consentimiento.
Redacción | Martes, 24 de marzo de 2026
El Arzobispado de Valencia ha anunciado un paso decisivo en su estrategia de protección a la infancia. Todas las parroquias de la archidiócesis incorporarán la figura del coordinador de menores, un agente especializado encargado de asesorar a los párrocos, recabar documentación y, sobre todo, detectar y prevenir posibles casos de abusos en actividades pastorales, campamentos y catequesis.
Paula Galdón, directora de la Oficina de Protección del Menor, ha subrayado que la prioridad absoluta es crear «entornos seguros». Para ello, el Arzobispado exige ya una formación acreditada a los más de 2.500 agentes y educadores que trabajan con niños, un programa que continuará con nuevas sesiones el próximo 25 de abril.
Una ley propia más dura que el Código Penal
Uno de los puntos más relevantes de esta nueva etapa es la firmeza del Derecho Canónico. Según Galdón, la legislación de la Iglesia es hoy «más restrictiva» que el ordenamiento penal español. Mientras que en la justicia civil ciertas relaciones con consentimiento o conversaciones de contenido sexual podrían no constituir delito bajo ciertos requisitos, para la Iglesia serán delito siempre si implican a un menor y a un adulto con vínculo pastoral.
Además, desde la reforma de 2021, no solo los sacerdotes pueden ser juzgados por los tribunales eclesiásticos, sino también los laicos que desempeñan funciones en la institución. De hecho, la Oficina alerta de un aumento en las denuncias contra laicos y de conductas inapropiadas entre los propios menores, motivadas en gran parte por el acceso temprano a la pornografía y el uso de dispositivos móviles.
Mapas de riesgo y protocolos de actuación
El plan del Arzobispado incluye la elaboración de «mapas de riesgos» para cada actividad parroquial. El objetivo es que cualquier evento que incluya pernoctaciones o tiempo libre tenga protocolos claros para:
- Atender a las familias de las víctimas de forma inmediata.
- Reconstruir las conductas para entender el origen del abuso.
- Implementar un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento.
