El recuerdo de la DANA del 29 de octubre de 2024 sigue vivo en Torrent. Las lluvias torrenciales y las riadas que asolaron la ciudad dejaron tras de sí un paisaje de casas derruidas, calles devastadas y vecinos que, de un día para otro, lo perdieron todo. Diez meses después, el Ayuntamiento ha dado un paso crucial para garantizar la seguridad: ha iniciado la demolición urgente de 45 inmuebles en grave riesgo de colapso.

Una amenaza para la seguridad

Las inspecciones técnicas realizadas tras la catástrofe concluyeron que muchos edificios, especialmente aquellos ubicados cerca de los barrancos, habían quedado seriamente dañados. Algunas estructuras mostraban grietas profundas, techos hundidos o paredes inclinadas que ponían en riesgo a los vecinos y viandantes.

Según los informes municipales, varios inmuebles llegaron incluso a registrar derrumbes parciales. En ese contexto, el consistorio decidió que la única salida era la demolición. “No se puede reparar lo que está irremediablemente destruido”, señalaron fuentes técnicas.

Una inversión de 471.296 euros

Para llevar a cabo los derribos, el Ayuntamiento ha aprobado una inversión de 471.296 euros. El presupuesto incluye la demolición con maquinaria pesada, la retirada de escombros, la redacción de proyectos técnicos, la dirección de obra y la coordinación en materia de seguridad y salud laboral.

Los trabajos han comenzado en el casco urbano y, según el plan municipal, se extenderán después a las zonas diseminadas del término municipal. El plazo de ejecución previsto es de tres meses.

“La prioridad es proteger la vida”

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, insistió en que el objetivo principal es salvaguardar a la población:

“La prioridad es proteger la vida y la seguridad de los vecinos. Ya han sufrido el duro golpe de perder sus hogares y queremos liberarles de cualquier carga económica”.

El Ayuntamiento ha confirmado que los propietarios no tendrán que asumir ningún gasto derivado de los derribos ni de las gestiones administrativas, un alivio para quienes aún arrastran las secuelas emocionales y materiales de la riada.

Procedimiento de emergencia

Dada la urgencia, la contratación se ha tramitado a través del procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que permite acortar plazos y acelerar la intervención.

El consistorio también ha garantizado un seguimiento exhaustivo de las obras y un control riguroso de la gestión de residuos. Las medidas de seguridad incluyen protocolos estrictos tanto para los operarios como para la ciudadanía, con vallados perimetrales y restricciones de acceso a las zonas de demolición.

Un símbolo de reconstrucción

Para muchos vecinos, el inicio de los derribos es un paso doloroso pero necesario. Las viviendas que desaparecen eran, en muchos casos, el hogar de varias generaciones. Sin embargo, la amenaza de un desplome repentino hacía imposible mantenerlas en pie.

El derribo, más allá de la destrucción, simboliza también el comienzo de la reconstrucción y el intento de la ciudad por pasar página tras la tragedia. En palabras de una vecina que observaba el avance de las máquinas:

“Se nos parte el alma al ver cómo caen estas casas, pero sabemos que es por nuestro bien. Ojalá pronto podamos levantar algo nuevo sobre estas ruinas”