VALENCIA El sector agrario valenciano se enfrenta a un nuevo muro, esta vez de carácter administrativo. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha alzado la voz contra el Ministerio de Agricultura tras la publicación del Real Decreto Ley 7/2026, que regula las ayudas destinadas a paliar el encarecimiento de los fertilizantes por la crisis en Oriente Medio. Según la organización, las «trabas burocráticas y digitales» impuestas por el Gobierno dejarán fuera a miles de profesionales de la Comunitat Valenciana, convirtiendo una medida de apoyo en una carrera de obstáculos inalcanzable.
El presidente de la organización, Cristóbal Aguado, ha sido tajante al comparar este escenario con la gestión de la guerra en Ucrania: «Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil, de oficio y sin necesidad de trámites».
El fin de la concesión automática
La principal queja radica en el cambio de metodología. Mientras que en crisis anteriores las ayudas se ingresaban directamente en las cuentas de los afectados, el Ejecutivo exige ahora una declaración responsable telemática. Este trámite requiere que el agricultor posea firma digital, domine el entorno informático del Ministerio y cumpla requisitos estrictos, como haber declarado ingresos agrarios de al menos 5.000 euros en el ejercicio de 2024 y conservar facturas de compra de abonos durante cuatro años.
Para AVA-ASAJA, el agravio comparativo es evidente: el Ministerio se otorga hasta cuatro meses para publicar los listados, pero solo concede a los agricultores un plazo de 15 días hábiles para completar la declaración. Sin este paso, la subvención se pierde automáticamente.
Una brecha digital generacional y geográfica
La realidad del campo valenciano choca frontalmente con la digitalización forzosa. Con una media de edad que ronda los 65 años —superando muchos los 80—, una gran parte del censo agrario carece de las competencias digitales necesarias. A esto se suma la persistente falta de cobertura de internet en las zonas de interior de la Comunitat, lo que imposibilita cualquier gestión desde las propias explotaciones.
«En la práctica, se está excluyendo a los pequeños agricultores y a los mayores, que son quienes más sufren unos sobrecostes que ya son inasumibles», lamenta Aguado.
Además, la organización denuncia que el Gobierno impone obligaciones como el cuaderno de explotación digital o el registro telemático de fitosanitarios sin haber ofrecido programas formativos previos ni oficinas gratuitas de apoyo.
Ayudas «exiguas» frente a costes disparados
Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, la escalada de los fertilizantes nitrogenados y el gasóleo agrícola ha generado sobrecostes superiores a los 15 millones de euros solo en la agricultura valenciana. Frente a este agujero económico, las cuantías aprobadas por el Plan Integral de Respuesta resultan, a juicio de la asociación, «insuficientes»:
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Regadío: 55 euros por hectárea.
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Secano: 22 euros por hectárea.
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Límites: Mínimo de 100 euros y máximo de 300 hectáreas por beneficiario.
«Piden demasiada burocracia para una cantidad tan exigua», resumen desde la asociación. Ante esta situación, AVA-ASAJA ha exigido al Ministerio de Agricultura una rectificación inmediata para que el sistema de concesión sea automático y ágil, garantizando que el apoyo financiero llegue a quienes realmente sostienen la despensa del país.
