Un año de la DANA: Mazón en el punto de mira político mientras Feijóo mide los tiempos | Locos por Valencia
29 de octubre de 2025 | Redacción
Valencia. Hoy se cumple el primer aniversario de la inmensa tragedia de la DANA de 2024, que se saldó con 229 fallecidos en la provincia. Una fecha luctuosa que devuelve al primer plano político al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre lo ocurrido en las horas críticas entre su almuerzo en el restaurante El Ventorro y su tardía aparición en el Cecopi.
La última revelación apunta a que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento donde tenía estacionado su vehículo tras la comida, un dato aparentemente menor si no fuera por las continuas llamadas y la situación de emergencia que se vivía en esos momentos en toda la Comunidad Valenciana.
Feijóo: “Mazón tendrá que dar todas las respuestas necesarias”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue claro ayer al afirmar que el president valenciano “tendrá que dar todas las respuestas necesarias” en las comisiones de investigación abiertas en el Congreso, el Senado y Les Corts. Preguntado por si conocía el detalle del acompañamiento a Vilaplana, evitó pronunciarse, insistiendo en que “el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan”.
Una declaración que muchos en el PP interpretan como una forma velada de dejar el futuro de Mazón en manos del propio Feijóo, mientras Génova mide los tiempos. “No hay novedades”, aseguran fuentes del partido, que admiten que el desgaste del líder valenciano es evidente, aunque todavía no se contempla su sustitución inmediata.
Génova espera a 2026 para mover ficha
Según fuentes consultadas, la dirección nacional del PP no prevé tomar decisiones hasta el próximo verano, una vez pasado el ciclo electoral de Extremadura, Castilla y León y Andalucía. La idea sería celebrar un nuevo congreso regional —previsto inicialmente para julio pasado— y dejar a Mazón como presidente interino de la Generalitat hasta entonces.
“Acelerar los tiempos solo serviría para quemar la alternativa”, señalan desde la séptima planta de Génova, donde reconocen que, pese al desgaste, la suma PP + Vox sigue siendo suficiente para mantener la Generalitat. “Las encuestas muestran un trasvase de voto, pero no un cambio de bloque”, admiten.
Las opciones internas: Catalá o Mompó
En el PP valenciano ya suenan nombres para la sucesión. Un sector apuesta por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aunque su nombramiento fue vetado en su momento por Vox, lo que impidió una investidura alternativa si Mazón hubiera dimitido. En paralelo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también ha sonado, aunque sus declaraciones sobre el Cecopi no han sentado bien entre compañeros de partido.
Mazón conserva apoyos firmes en la organización alicantina y cuenta con la defensa del secretario general del PP, Miguel Tellado, uno de sus principales aliados en Génova. Aun así, la sensación generalizada es que su etapa política se agota y que difícilmente volverá a ser cartel electoral.
La investigación judicial sigue estrechando el cerco
El caso sigue abierto en los tribunales. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado a la jueza de Catarroja, Nuria Tobarra, que tome declaración como testigo a Maribel Vilaplana y que la Generalitat entregue el listado completo de llamadas realizadas por Mazón durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Esta decisión apunta directamente al núcleo de la investigación y podría precipitar un cambio de escenario político si derivara en una imputación formal.
Funeral de Estado por las víctimas
El aniversario se conmemora hoy con un funeral de Estado organizado por Moncloa y presidido por los Reyes. En el acto, blindado mediáticamente y sin presencia de fotógrafos más allá del pool oficial, coincidirán Feijóo y Mazón. Según fuentes de la organización, se busca evitar la exposición directa ante las víctimas y sus familias, tanto para proteger la solemnidad del evento como para minimizar el riesgo de protestas públicas.
