Comienza en Castellón el juicio con jurado por cohecho contra Carlos Fabra y Álex Debón, con una declaración policial que cuestiona la legalidad de las transferencias y destapa vínculos con contratos de patrocinio

La Audiencia Provincial de Castellón acogió ayer la primera sesión del esperado juicio con jurado contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y el expiloto Álex Debón. Ambos están acusados de un delito de cohecho relacionado con el supuesto pago de una comisión encubierta por contratos de patrocinio firmados entre Aerocas y el deportista. Un inspector de la Policía Nacional, testigo en el juicio, declaró con rotundidad que el trasvase de 360.000 euros entre ambos no tenía vínculo con ningún préstamo legal ni con contratos de opción de compra, tal como sostienen las defensas.

Un testimonio clave abre el juicio

El testigo, que lideró parte de la investigación financiera, explicó que los agentes encontraron documentos comprometedores en el domicilio de Fabra en el marco de otro procedimiento. Entre ellos, había supuestos contratos de préstamo y de opción de compra, aunque, según el inspector, estos presentaban graves inconsistencias: las fechas no cuadraban, faltaban firmas y las transferencias se habrían realizado sin respaldo documental alguno.

“Tras el análisis, se concluyó que las transferencias no respondían a ningún acuerdo formal válido”, señaló el agente. Según sus palabras, se trataba más de “un pago sin justificación” que de una operación mercantil.

El origen: una inspección de Hacienda

La investigación se remonta a una inspección de la Agencia Tributaria a Álex Debón. En su revisión, detectaron movimientos sospechosos: dos transferencias de 150.000 y 25.000 euros a Carlos Fabra en 2011. A raíz de estas operaciones, Hacienda solicitó al expiloto que las justificase, lo que encendió las alarmas.

En un intento de explicación, Debón alegó primero una relación de amistad con Fabra. Sin embargo, más adelante declaró que no eran amigos y que el entonces presidente de Aerocas le pidió dinero en un acto oficial. Incluso llegó a afirmar que le prestó 360.000 euros, pero que nunca recuperó la suma, motivo por el que supuestamente lo denunció.

La Fiscalía habla de “comisión encubierta”

La fiscal del caso fue contundente en su exposición ante el jurado: “No se puede entender que existan cantidades tan elevadas sin documentar, a no ser que estemos ante un pago de comisión”. Según su tesis, Debón habría abonado los 360.000 euros a cambio de los contratos de patrocinio que Aerocas —empresa pública gestionada por Fabra en ese momento— le otorgó por valor de más de 3,6 millones de euros entre 2009 y 2014.

La fiscal no es la única en verlo así. La abogada que representa a Aerocas considera que estas operaciones supusieron un perjuicio directo para la sociedad pública. “Se utilizó dinero público para recompensar de forma privada”, denunció.

El entorno de Debón y Fabra contradice a las defensas

Durante la sesión, declararon también dos agentes de la Guardia Civil, quienes identificaron una “correlación temporal” entre los ingresos de Aerocas a Debón y las posteriores transferencias de este a Fabra. Algunos de estos movimientos se produjeron días o semanas después de recibir los fondos de los contratos de patrocinio.

La exmujer de Álex Debón, que fue administradora de su sociedad, aseguró que ella no gestionaba nada y que todo lo manejaba su exmarido. Añadió que conocía la relación cercana entre Fabra y Debón, que comían juntos y mantenían una amistad desde hacía tiempo.

Fabra y Debón, en silencio ante el tribunal

Ni Fabra ni Debón declararon durante la jornada. Sus abogados han solicitado que lo hagan tras la finalización de las testificales. A la salida del juzgado, Fabra se limitó a expresar su deseo de regresar a casa, mientras que Debón insistió en su inocencia: “Está todo documentado, están los contratos. Confío plenamente en la justicia”.

El juicio continuará hoy con nuevas declaraciones, en concreto las de otros miembros del Consejo de Administración de Aerocas en la época de los hechos. Algunos de ellos ya han ratificado que los contratos de patrocinio fueron firmados y aprobados con normalidad, aunque la sombra de la corrupción se cierne sobre su origen.

Conclusión: una trama bajo sospecha

La primera sesión del juicio ha dejado clara la complejidad del caso y la tensión que se respira en la Audiencia de Castellón. La fiscalía y los cuerpos de seguridad parecen tener clara su interpretación de los hechos: el dinero no era un préstamo, sino una comisión camuflada.

La defensa, por su parte, intenta sostener la versión de una operación comercial entre particulares. El veredicto de este jurado podría sentar un precedente importante sobre la gestión de dinero público, la relación entre instituciones y empresas, y la rendición de cuentas de los altos cargos valencianos.