Ya sabemos parte del coste de la investidura de Pedro Sánchez contabilizado por ERC
Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo de investidura con ERC, pero la reunión del «comité negociador» del PSOE con Junts ha acabado sin acuerdo y se emplazan a «seguir negociando». Así, cada partido traza su propia estrategia, pero ambos apsan por una ley de amnistía cuyos efectos se trasladen a los próximos 10 años y abarquen a cerca de 4.000 personas.
Pacto con ERC
El pacto del PSOE con ERC incluye la amnistía por la que no existirían nunca los delitos cometidos por el independentismo catalán, desde los políticos que malversaron fondos públicos, a los violentos que quemaron contenedores, asaltaron a la Guardia Civil y provocaron disturbios.
Además de la amnistía se ha pactado el traspaso de las Cercanías de Catalunya a la Generalitat de cataluña y una condonación de 15.000 millones de la deuda autonómica contraída con el FLA autonómico, incidiendo aún más en la desigualdad entre territorios.
Seguir negociando con Junts
La situación con Junts es mucho más tensa y se emplazan a seguir negociando pero ven que el pacto se llegará no antes del viernes, por lo que la fecha prevista inicialmente por Pedro Sánchez para el debate de investidura para la semana que viene deberá esperar según parece.
El problema con Junts es el alcance jurídico al que llegará la amnistía y que quieren que incluya a los CDR y a Tsunami Democrátic, a los que se les imputan delitos de terrorismo.
La amnistía cada vez más cerca y cada vez con más dudas
La gran parte de juristas consultados no ven encaje alguno de esa ley de amnistía en la Constitución Española. Incluso los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial están forzando a una declaración al respecto del CGPJ. Fuentes del tribunal Supremo rechazan de plano la constitucionalidad de esta ley. Asegurando muchos de los juzgados que están instruyendo causas del Procés que entenderían que elevarían una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, lo que podría colapsar el máximo órgano judicial constitucional.
Un problema de dimensiones inexplicables al que nos aboca una surrealista situación de gobernabilidad, nunca siete votos tuvieron tanto valor, ni el coste para llegar a Moncloa fue tan alto.
¿Vale la pena el coste a pagar la Moncloa?. ¿En qué situación quedará un futuro gobierno apoyado por partidos que nunca condenaron el terrorismo etarra y en independentistas que buscan quebrar las instituciones y desestabilizar el estado?.
