La organización va a pedir una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves
La Unió Llauradora i Ramadera informa que numerosos agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante están recibiendo en los últimos días sanciones por participar en las tractoradas convocadas en protesta por la situación del sector agrario.
La organización agraria lamenta y rechaza estas multas y critica a la Subdelegación del Gobierno en Alicante por permitir que estas lleguen a los agricultores.
“En un momento de crisis tan grave como la que padece el campo, las autoridades deberían ser más sensibles con la problemática de los agricultores y no ensañarse aún más con ellos”.
“Es totalmente inaudito que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y las Administraciones se dediquen a perseguir a los agricultores que únicamente han trasladado su malestar por la situación de hartazgo en la que se encuentran a las calles y carreteras, con el apoyo masivo además de la ciudadanía, en lugar de evitar por ejemplo los robos en el campo o en controlar las prácticas abusivas de la gran distribución en la cadena alimentaria”, denuncia LA UNIÓ.
LA UNIÓ va a solicitar una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, para analizar esta situación generada con las multas.
Estas denuncias que se reciben vienen remitidas por la Subdelegación del Gobierno en Alicante y de las que ha tenido acceso LA UNIÓ varía la cantidad a pagar. En las de Novelda, con una cantidad de 100 euros, se especifica que “vista la comunicación de la Guardia Civil de Novelda se les imputa la participación en una concentración de vehículos y personas de carácter reivindicativo en el ámbito agrícola en varias vías públicas de la localidad de Novelda (Alicante), sin haber realizado la preceptiva comunicación al Organismo competente”. Estos expedientes sancionadores contienen datos que no son ciertos y además sin justificar.
Por su parte, en las del polígono industrial “La Granadina” de San Isidro las multas ascienden a 1.200 euros. “Vista la comunicación de la Guardia Civil de Dolores, se les acusa de participar en una concentración no comunicada, impidiendo la salida de vehículos pesados del polígono, generando un colapso a nivel logístico, entre otras, en las diferentes empresas de alimentación mediante la obstrucción de la vía con diversos tractores”.
