Mientras distritos como Benimaclet, La Zaidía o La Punta denuncian una escalada de robos y falta de patrullas, el gobierno de María José Catalá prioriza el refuerzo de la unidad de Tráfico. La incorporación de 58 nuevos agentes y cámaras lectoras de matrículas aviva el malestar ciudadano: los vecinos piden protección, pero el consistorio responde con más multas.
Por: Redacción | Valencia
En las calles de Valencia se respira una extraña dicotomía. Mientras el equipo de gobierno de María José Catalá saca pecho ante las cifras de aumento de la plantilla policial, los vecinos de los barrios periféricos y tradicionales sienten que la balanza de las prioridades municipales está inclinada hacia un solo lado: el recaudatorio. La reciente noticia de que la Policía Local reforzará prioritariamente su sección de Tráfico ha caído como un jarro de agua fría en zonas donde el problema no es un coche mal aparcado, sino la inseguridad ciudadana.
El grito de los barrios: «No nos sentimos seguros»
En Benimaclet, la sensación de abandono ha pasado de ser una queja recurrente a una alarma social. Lo que antaño era un barrio de convivencia tranquila hoy lidia con un aumento de hurtos y tirones que mantiene en vilo a los comercios. Una situación similar se vive en San Antonio de la Zaidía, donde los vecinos reclaman una presencia policial de proximidad que «no solo pase en coche», sino que patrulle a pie y disuada la delincuencia.
Sin embargo, el caso de La Punta es quizás el más sangrante. La zona, más aislada y vulnerable por su propia configuración geográfica, se siente «tierra de nadie». Allí, el aumento de la seguridad ciudadana es una demanda histórica que sigue sin respuesta efectiva, mientras ven cómo los recursos municipales se desvían hacia planes de movilidad que les resultan ajenos.
Más agentes de policía, pero para el carril bus y los radares
Frente a este escenario de inseguridad, el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha anunciado que la Unidad de Tráfico incrementará su personal con 58 nuevos agentes. Según el Ayuntamiento, este refuerzo busca reducir a la mitad los accidentes mortales y graves mediante el «Plan Vector 2026-2030».
Pero la letra pequeña del plan es la que indigna a las asociaciones vecinales. De estos agentes, una parte se dedicará a patrullar carriles bici y, lo más polémico: se han incorporado dos vehículos con lectores de matrículas diseñados para emitir denuncias automatizadas. El objetivo declarado es combatir la «indisciplina viaria» en el carril EMT/TAXI y zonas peatonales.
Para muchos ciudadanos, esto no es seguridad, es presión fiscal.
Mientras un vecino de La Punta teme por la integridad de su vivienda, el Ayuntamiento de Maria José Catalá invierte en tecnología para automatizar multas de tráfico.
La guerra de cifras del gobierno municipal
Jesús Carbonell defiende la gestión alegando que la ampliación de la plantilla era una «necesidad imperiosa» tras ocho años de gobiernos de Compromís y PSPV, a quienes acusa de dejar bajo mínimos el cuerpo. Según los datos oficiales, Valencia contará en febrero de 2026 con 1.671 agentes, un incremento respecto a los 1.572 que dejó el anterior mandato.
«El gobierno de María José Catalá ha roto la tendencia de pérdida de efectivos», afirma el concejal. Sin embargo, el destino de esos efectivos es el punto de fricción. De los más de 250 agentes incorporados desde finales de 2024, la apuesta por la Unidad de Tráfico es la más visible, con campañas de controles intensivos que se extenderán hasta finales de marzo para detectar consumo de alcohol, drogas y «el uso correcto de los carriles bici».
¿Seguridad vial o prioridad recaudatoria?
A partir del 9 de febrero, la ciudad se blindará con controles diarios. Si bien la reducción de la siniestralidad vial es un objetivo loable, la percepción social es que se está descuidando el Código Penal en favor del Código de Circulación. La pregunta que recorre las juntas de distrito es clara: ¿Por qué hay presupuesto para cámaras que leen matrículas y ponen multas automáticas, pero no hay agentes suficientes para evitar los robos en los comercios de La Zaidía?
La «prioridad» de Catalá, según sus propias notas de prensa, es la protección de los «actores vulnerables de la movilidad». Pero para los vecinos de la periferia, la vulnerabilidad no solo está en el asfalto, sino en el portal de su casa. Mientras el Plan Vector avanza a golpe de talonario y sanción, los barrios de Valencia siguen esperando que la policía «de barrio» sea algo más que una promesa en un papel oficial y se convierta en una patrulla real que devuelva la tranquilidad a sus calles.
