La Fundación CERMI Mujeres ha celebrado este viernes el XXI Aula de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas con Discapacidad, centrada en la aplicación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) desde una perspectiva de género y discapacidad. Durante la sesión, personas expertas advirtieron de que la violencia contra la infancia, y de forma agravada contra niñas y adolescentes con discapacidad, continúa siendo un fenómeno estructural, invisibilizado y deficientemente abordado en la práctica.
El ponente principal, Jorge Cardona Llorens, subrayó que «la violencia contra la infancia no es un fenómeno excepcional ni marginal; gran parte de esa violencia está aceptada socialmente», y alertó de que persiste una concepción adultocéntrica que considera a niños y niñas «casi como una propiedad sobre la que otros deciden». Cardona insistió en que la intersección entre minoría de edad, género y discapacidad incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir violencia y recordó que «la protección no puede depender nunca del silencio de una niña». En este sentido, fue contundente al afirmar que «si una ley, una política o un servicio no funciona para las niñas con discapacidad, entonces no funciona bien para nadie».
Durante el panel de personas expertas, Almudena Escorial Senante, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, alertó sobre la brecha entre el marco normativo y su aplicación real. Aportó datos que evidencian esta desconexión, como que «más del 70 % de los adolescentes no ha oído hablar nunca de la LOPIVI» o que «solo el 11 % sabe cómo o a quién dirigirse para denunciar una situación de violencia». Escorial advirtió de que «una ley orgánica no se desarrolla solo a base de protocolos» y recordó que solo dos comunidades autónomas han adaptado su legislación tras la aprobación de la norma.
Por su parte, Ana Sastre Campo, delegada de Infancia del CERMI, señaló que más del 70 % de la infancia con discapacidad declara haber sufrido violencia física o psicológica, y recalcó que estas vulneraciones no son consecuencia de la discapacidad, sino del entorno. «Las situaciones de no ejercicio de derechos son consecuencia de las barreras existentes, no de las características personales«, afirmó, alertando además del riesgo de vacío institucional que deja a la infancia con discapacidad «en tierra de nadie» entre las políticas de infancia y de discapacidad.
La intervención de Carmela del Moral Blasco, responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children, puso el foco en el derecho a ser escuchado, uno de los pilares de la LOPIVI que, según denunció, sigue sin garantizarse. «El gran fallo de la LOPIVI está siendo su implementación; una ley sin recursos se queda en nada», afirmó, señalando que la visión adultocentrista continúa priorizando la rapidez y el control frente a la garantía efectiva de derechos. Asimismo, alertó sobre el retroceso de principios básicos de derechos humanos en el discurso público.
El Aula fue conducida y dinamizada por Sara de Torres Riveiro, quien subrayó que la LOPIVI «representa un hito normativo esencial», pero advirtió de que las niñas y adolescentes con discapacidad afrontan riesgos agravados de violencia y exclusión. De Torres alertó también sobre las nuevas formas de violencia, como la sobreexposición en redes sociales, y recordó que «los niños y niñas son sujetos plenos de derechos, no propiedad de sus progenitores».
La sesión concluyó con un llamamiento a reforzar la implementación real de la LOPIVI, garantizando formación, recursos, coordinación institucional y un enfoque basado en derechos humanos que sitúe en el centro a las niñas y adolescentes con discapacidad, como condición indispensable para erradicar todas las formas de violencia contra la infancia.
