Rovira y Montes se reúnen con los ministros Díaz y Cuerpo para activar la comisión de Empleo y Empresa creada por la DANA por los perjuicios
La Generalitat cifra en más de 10.000 millones de euros los daños ocasionados al sector industrial y en 1.873 millones de euros los daños ocasionados en Educación, Cultura, Universidades y Empleo
En el encuentro se pone sobre la mesa un paquete de medidas urgentes que debería asumir el Gobierno para la recuperación de la Comunitat Valenciana
El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, se han reunido esta tarde con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para activar la comisión de Empleo y Empresa creada por la DANA.
Se trata de la primera reunión de la comisión anunciada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado sábado, cuya finalidad es activar mecanismos de apoyo para dar respuesta inmediata a las personas afectadas por la DANA. En concreto, ambos consellers han trasladado a los respectivos ministros del ramo las necesidades más urgentes y un balance de estimación de daños en cada una de las áreas competenciales valorada en alrededor de 12.000 millones de euros.
Así, durante el encuentro Rovira ha trasladado a la ministra la estimación preliminar del daño y actuaciones de emergencia en las áreas competenciales de la Conselleria, que ascienden a 1.873 millones de euros. Montes ha expuesto, por su parte, los más de 10.000 millones los daños ocasionados al sector industrial.
Plan Extraordinario de Formación y Empleo
En este sentido, ha solicitado al Gobierno 250 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Formación y Empleo para aplicar medidas inminentes para trabajadores y empresas como la activación de oficio de ERTEs por fuerza mayor para empresas ubicadas en las zonas afectadas por la DANA y la habilitación de todos los instrumentos legales posibles como la exención de las cotizaciones de las empresas y que se anticipe el cobro de prestación de desempleo de los trabajadores y autónomos.
La Generalitat ha realizado una estimación de la actividad económica en la zona afectada, que alcanzaría a más de 370.000 trabajadores, de los cuales son 68.000 son autónomos. Además, se contabilizan alrededor de 62.000 empresas. En las últimas horas ya se han registrado 16 ERTEs de empresas de la zona dañada.
El conseller ha solicitado también a Díaz que las declaraciones de ERTE se puedan declarar de oficio en la zona afectada por la DANA, cuyos municipios afectados quedarán recogidos en la declaración de zona catastrófica o similar que efectúe el Gobierno.
Además, se ha planteado la no exigencia del periodo de carencia para la prestación por desempleo, el no consumo del periodo de desempleo durante ERTE, la exoneración de cotización a la Seguridad Social durante el ERTE, la bonificación del 100% de Seguridad Social de trabajadores activos (los no afectados por ERTE) de dichas empresas o el anticipo de la prestación por desempleo a principios de noviembre.
Batería de medidas contra los perjuicios
Asimismo, se ha planteado otra batería de medidas de carácter menos urgente pero igualmente relevantes, como el control de los ERTEs de oficio durante los meses posteriores, la bonificación de cuotas a la Seguridad Social tras la reactivación parcial o total de la actividad, así como las exenciones fiscales y ayudas a empresas afectadas y deducciones fiscales en IRPF por donaciones a afectados.
En cuanto a los trabajadores autónomos se incluye en lo referido a la prestación por cese de actividad la activación de oficio, aplazamiento de impuestos y cotizaciones sin intereses, suspensión del segundo pago de la renta de 2023 para los afectados y el establecimiento de una línea de créditos ICO. Asimismo, se pide ayudas urgentes y directas de hasta 6.000 euros.
Durante el encuentro, Rovira ha trasladado que los daños sufridos en un centenar de centros educativos de la provincia ascienden a 1.134 millones de euros y responden a pérdidas en equipamiento y transporte escolar, servicio de comedor, fondos bibliográficos, instalaciones eléctricas, servicios de limpieza extraordinaria e infraestructuras.
Respecto a Universidades y Estudios Superiores de Enseñanzas Artísticas la estimación de daños sobrepasa los 8 millones de euros. Por su parte, una primera valoración de daños en Cultura tanto en equipamiento cultural, industrias culturales y bienes muebles e inmuebles, se ha estimado en 480 millones de euros, aunque precisarán de una valoración pormenorizada.
Sector industrial
La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha solicitado, por su parte, una moratoria inmediata de sus obligaciones a la Seguridad Social y fiscales para las empresas afectadas por las inundaciones mientras no se pueda reanudar su actividad productiva.
También una transferencia desde la Administración General del Estado de un fondo extraordinario para la concesión de ayudas directas desde la Generalitat para la reparación, funcionamiento y reinversión en activos materiales de establecimientos industriales, comerciales y turísticos.
En este sentido, la Generalitat ha cuantificado en más de 10.000 millones de euros los daños ocasionados al sector industrial del área afectada. Aproximadamente el 70 % de esa cantidad se concentra exclusivamente en los 123 parques empresariales y polígonos afectados.
Estos daños cubren a 65 municipios (incluyendo los barrios afectados de la ciudad de Valencia). Según las estimaciones de la Generalitat, de estos municipios, en al menos en 32 localidades los daños causados se pueden considerar como severos o muy grandes, por sus consecuencias en la pérdida de vidas humanas, afección a amplias zonas urbanizadas y la gravedad de las consecuencias sobre las viviendas, infraestructuras y servicios, con un alto grado de afectación a la actividad económica local.
Finalmente, se ha reclamado también del Gobierno la extensión de la cobertura del consorcio de seguros e instalaciones de valorización de materiales que no sean cubiertas o no aceptadas por los seguros privados.
