El organismo que coordina la fiesta más importante de Valencia profesionaliza su gestión al transformar a su personal laboral en funcionarios. Spoiler: solo son cinco personas, pero el papeleo ha sido épico.
cuando el papeleo también tiene fallas
En un movimiento que podría parecer trivial pero que, como todo en Valencia, viene envuelto en un lazo de pólvora y protocolo, la Junta Central Fallera (JCF) ha decidido funcionarizar a su plantilla. Sí, esa misma entidad que coordina los monumentos que arden cada marzo ha optado ahora por algo mucho más frío: la profesionalización administrativa.
¿La razón oficial? Dotar de mayor estabilidad y cualificación técnica a su equipo. ¿La no oficial? Bueno, quizás también tenía algo que ver con que la Universitat Popular ya lo hizo en 2006 y no querían quedarse atrás. Porque aquí, si algo se hace en otra entidad pública, tú también lo haces. Aunque sean 20 años después.
La noticia saltó tras la aprobación del Consell Rector de la JCF, en una de esas reuniones que no arden pero que sí provocan pequeñas combustiones internas de Excel, tablas RPT y resoluciones que duermen el alma.
¿Qué ha pasado exactamente? Spoiler: no hay fuegos artificiales
Este lunes, el Consell Rector de la Junta Central Fallera (sí, ese órgano que suena más a novela del siglo XIX que a administración local) dio luz verde a algo que en principio suena inofensivo: modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Pero este movimiento administrativo tiene más trasfondo del que parece.
En resumen: los cinco trabajadores de la JCF (sí, cinco, no cincuenta) pasarán de ser personal laboral a funcionarios. Es decir, si hasta ahora eran trabajadores contratados por el Ayuntamiento bajo un régimen laboral, a partir de esta modificación sus puestos pasarán a ser de carácter funcionarial. Porque claro, ¿quién no quiere meter más oposiciones en su vida?
¿Y por qué ahora? ¿Por qué no hace diez años? ¿Y por qué no ayer?
El impulso lo ha dado Santiago Ballester, concejal de Fallas y presidente de la JCF. Fue él quien, el pasado 29 de mayo, presentó una moción para poner orden en los contratos de la plantilla. En palabras del propio Ballester, esto servirá para “dotar de una mayor profesionalización” a la gestión del organismo.
Una frase bonita, cargada de intención, aunque claro, cuando se aplica a cinco personas, el impacto es más simbólico que estructural. Pero simbólicamente, es un tsunami: una estructura que hasta ahora funcionaba en modo “familiar” se convierte, oficialmente, en administración pública de pleno derecho.
¿Y qué implicará esto? Pues de entrada, un examen. Sí, los trabajadores que ya ocupan esos puestos podrán seguir en ellos… si aprueban un proceso selectivo. Porque en Valencia, incluso para quedarse donde estás, tienes que pasar un test.
¿Cómo está compuesta esta gran maquinaria administrativa?
Para que no haya dudas, repasemos el imponente organigrama de la Junta Central Fallera:
1 técnico superior A1 (economista) — Ya era funcionario.
1 administrativo C1 — Era personal laboral.
3 auxiliares administrativos C2 — También personal laboral.
O sea, en total, cinco personas. Cinco. Pero claro, que nadie diga que el tamaño importa, porque aquí lo que se valora es el rigor institucional. Que sean cinco no significa que no se les pueda aplicar toda la maquinaria administrativa digna de un ministerio.
Y además, hay que recordar: si un monumento fallero de barrio puede costar 20.000 euros, ¿cómo no vamos a gastar unos cuantos folios en profesionalizar una plantilla de cinco?
¿Qué dice la normativa? Porque sí, esto viene con letra pequeña
Según el convenio del personal laboral de la JCF (sí, hay uno, y no es corto), los trabajadores fijos que ocupen puestos susceptibles de ser considerados funcionarios, podrán acceder a dicha condición siempre que:
Su plaza pase a tener naturaleza funcionarial.
Cumplan los requisitos del puesto.
Superen las correspondientes pruebas o cursos selectivos.
Todo muy transparente. Eso sí, no esperes un examen tipo MIR o una oposición de judicatura. El proceso de evaluación será “continuado” y con “pruebas finales”. Lo que en lenguaje administrativo viene a significar que te estarán observando cada vez que abras el Outlook.
¿Qué cambia para la ciudadanía? O dicho de otro modo, ¿a quién le importa?
Sinceramente, al ciudadano medio de Valencia esto no le cambiará la vida. Ni los buñuelos sabrán distinto, ni las mascletàs sonarán más fuertes. Pero para el tejido institucional, es un pequeño paso hacia una mayor eficiencia. O eso dicen.
Lo que sí queda claro es que este paso marca una diferencia en la forma de gestionar una de las tradiciones más importantes de la ciudad. Porque si vamos a organizar la fiesta más grande de Valencia, mejor hacerlo con todas las credenciales en regla. Aunque sea solo para que el papeleo de los permisos no acabe en manos de alguien que odia el Excel.
¿Y ahora qué? El siguiente capítulo se escribe en el BOP
Una vez aprobado todo por el Consell Rector, queda lo más emocionante: la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP). Porque nada dice “esto va en serio” como ver tu nombre impreso en letra Arial 10 en un PDF público.
La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) será oficial, y con ella, el inicio de los procesos selectivos que permitirán a los actuales empleados convertirse, ahora sí, en funcionarios de carrera. Como debe ser.
La eterna búsqueda de profesionalización en las fallas
Este cambio administrativo no es un caso aislado. En el pasado, otras entidades municipales han pasado por procesos similares. La Universitat Popular, por ejemplo, ya convirtió a su personal laboral en funcionarios allá por 2006. ¿La diferencia? Ellos tenían más plantilla y más complejidad. Aquí, el gesto es más simbólico, pero igualmente relevante.
De algún modo, esto forma parte de una tendencia más amplia: convertir los organismos vinculados a la cultura popular en estructuras técnicas y formales. Una forma de decirle al mundo que, sí, las fallas también son cosa seria. Muy seria. Lo suficientemente seria como para tener su propia burocracia funcionarizada.
Una reflexión final: ¿necesitamos más papeleo para vivir las fallas?
La profesionalización es siempre bienvenida, claro está. Y la estabilidad laboral también. Pero la pregunta de fondo es si estas estructuras deben crecer en formalidad al mismo ritmo que crece la informalidad de las fiestas que representan.
¿Convertir en funcionarios a los trabajadores de la JCF mejorará la fiesta? ¿La hará más segura, más eficiente, más espectacular? O, por el contrario, ¿corremos el riesgo de que tanta estructura acabe domesticando una de las expresiones más salvajemente auténticas de la cultura valenciana?
En fin, ¿qué opinas tú? ¿Es este un paso necesario hacia una gestión más profesional o solo otro capítulo de la novela infinita de la administración pública?
