El juicio por el asesinato del canónigo de la catedral de Valencia, Alfonso López Benito, ha entrado en su fase decisiva con una revelación clave: el acusado realizó hasta nueve llamadas a la entidad bancaria de la víctima haciéndose pasar por él para obtener las claves de acceso a su cuenta y retirar dinero tras el crimen.
Los hechos se están juzgando en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde este martes se ha celebrado la segunda jornada del proceso contra Miguel Tomás V. N., único acusado en la causa. Aunque no existen pruebas biológicas que lo sitúen directamente como autor material del asesinato, la Policía Nacional sostiene que hay suficientes indicios que lo vinculan con el crimen.
El responsable del grupo de Homicidios ha defendido con firmeza la implicación del acusado, pese a que la defensa insiste en la ausencia de evidencias objetivas como huellas, restos genéticos o imágenes que lo sitúen en la vivienda de la calle Avellanas la noche del asesinato.
La clave del caso: los teléfonos móviles
La principal prueba de la acusación es el posicionamiento de los teléfonos móviles. Según ha explicado el jefe de Homicidios, el móvil del acusado se situó en el domicilio del canónigo entre las diez de la noche del 21 de enero y las dos de la madrugada del día 22. Durante ese intervalo se produjo la manipulación del teléfono de la víctima.
A partir de ese momento, ambos dispositivos —el del acusado y el del fallecido— salieron juntos de la vivienda y realizaron exactamente el mismo recorrido, un dato que los investigadores consideran determinante. Fue precisamente la intervención del teléfono del canónigo lo que permitió localizar al acusado y proceder a su detención.
Además, la investigación revela que el acusado utilizó el móvil de la víctima para contactar repetidamente con su banco, logrando finalmente las claves necesarias para acceder a la cuenta y retirar dinero en la mañana posterior al asesinato.
Versiones contradictorias y un testigo inexistente
Durante su detención, el acusado se mostró muy alterado y ofreció varias versiones de lo ocurrido. En una de ellas señaló a un supuesto amigo colombiano como responsable de haberle entregado el teléfono y las tarjetas para averiguar el PIN. Sin embargo, la Policía no ha logrado localizar a esta persona y duda incluso de su existencia.
Pese a las dudas sobre la autoría directa, la Fiscalía solicita una pena de 28 años de prisión por los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa, aunque en sus conclusiones provisionales ha abierto la puerta a considerar al acusado como cooperador necesario o cómplice.
Dos testigos clave en la vista
En esta segunda sesión también han declarado dos testigos relevantes. Uno de ellos, un ciudadano rumano que realizaba trabajos ocasionales en la vivienda del canónigo, ha confirmado que vio al acusado en el piso en una ocasión. Según su relato, el propio religioso le pidió que acudiera al domicilio para decirle que se marchara, ya que no quería problemas. Tras una conversación, el joven se fue, dejó una mochila y regresó después a recogerla.
El segundo testigo ha sido un joven de Badajoz, con discapacidad intelectual, que fue la última persona que estuvo con vida junto al canónigo. Ha explicado que convivieron durante tres días y que solo mantuvieron relaciones sexuales en una ocasión, negando que mediara pago alguno más allá de una ayuda económica para cubrir los desplazamientos.
Un caso aún abierto
El juicio continúa marcado por la tensión entre la acusación policial y la estrategia de la defensa, que insiste en la falta de pruebas directas. Mientras tanto, el tribunal deberá decidir si la cadena de indicios —especialmente el uso del móvil y el fraude bancario posterior— es suficiente para determinar la responsabilidad penal del acusado en uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Valencia en los últimos años.
