El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha renunciado a su puesto después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella en la que se le atribuyen presuntos delitos de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas.
La decisión se produjo en la tarde del martes, tras hacerse pública la resolución judicial. González ocupaba el cargo desde 2018, cuando fue designado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convirtiéndose en el máximo responsable uniformado del cuerpo.
Investigación en curso
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar tanto al investigado como a la denunciante el próximo 17 de marzo. En el auto, el magistrado aprecia indicios suficientes para abrir diligencias y continuar la instrucción.
La querella parte de una agente que habría mantenido en el pasado una relación personal con el alto mando. Según su versión, los hechos denunciados se habrían producido en una vivienda oficial adscrita al Ministerio del Interior en la primavera de 2025.
La denunciante sostiene que dispone de grabaciones y otros elementos que respaldarían su relato, así como de pruebas de presuntas presiones posteriores.
Dimisión para no perjudicar al cuerpo
Fuentes del entorno policial apuntan que la renuncia se adopta con el objetivo de evitar que el procedimiento judicial afecte a la institución mientras se esclarecen los hechos. Desde Interior no se han ofrecido valoraciones adicionales más allá de confirmar la salida del cargo.
Un puesto clave en la estructura policial
El director adjunto operativo es el principal mando uniformado de la Policía Nacional y coordina áreas estratégicas del cuerpo. Su nombramiento tiene carácter discrecional y depende directamente del Ministerio del Interior.
José Ángel González desarrolló buena parte de su carrera en unidades de intervención y jefaturas superiores antes de asumir la DAO en 2018. Ahora, será la Justicia la que determine el alcance de las acusaciones y las posibles responsabilidades penales.
El caso abre un nuevo capítulo en la cúpula policial y sitúa de nuevo el foco en los mecanismos internos de control y supervisión dentro de las fuerzas de seguridad.
