VALENCIA – En una resolución judicial sin precedentes que amenaza con sacudir los cimientos de la industria del ocio y el turismo de eventos en la capital del Turia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha dictado una sentencia demoledora contra el consistorio municipal. El fallo insta al Ayuntamiento a cambiar la ubicación de todos los festivales y conciertos que se celebran en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), tras certificar que los niveles de ruido vulneran los derechos fundamentales de los residentes.
La demanda, presentada en agosto de 2023 por un colectivo de 200 vecinos pertenecientes a dos fincas de la avenida Profesor López Piñero, denunciaba una situación de «indefensión absoluta» ante la proliferación de eventos multitudinarios y la actividad continuada de la terraza de la discoteca del Umbracle. Tras meses de litigio, la justicia ha dado la razón a los afectados, sentenciando que el Ayuntamiento de Valencia ha vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la integridad moral de los ciudadanos.
Un calendario de eventos en el aire
La decisión judicial cae como un jarro de agua fría sobre la programación cultural de la ciudad. Entre los eventos afectados que ahora quedan en una situación de incertidumbre legal se encuentran citas de referencia nacional como el Festival de les Arts (previsto para el 5 y 6 de junio), el Big Sound (26 y 27 de junio) y los multitudinarios festivales temáticos I Love Reggaeton y Love the 90s, programados para finales de mayo de 2026.
La sentencia es tajante: ordena al Ayuntamiento adoptar «todas las medidas necesarias para evitar las molestias», lo que incluye de forma explícita la revocación de las autorizaciones concedidas o la reubicación forzosa de estas actividades a zonas donde no afecten al descanso vecinal.
«Como el despegue de un avión»
El pilar central del fallo judicial son las pruebas periciales aportadas por la acusación. Las mediciones acústicas realizadas durante los eventos constataron emisiones de hasta 80 decibelios (dBA) en el interior de las viviendas. Según los expertos, esta intensidad de sonido es comparable al estruendo que acompaña al despegue de un avión, una cifra que pulveriza los límites establecidos por la propia ordenanza municipal de Valencia, que fija techos de 55 dBA durante el día y tan solo 45 dBA por la noche.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa el umbral del daño para la salud en los 55 dBA, lo que convierte los registros obtenidos en la zona de la Ciudad de las Artes en «insoportables y no tolerables para el ámbito privado».
Condena económica y crítica a la inactividad municipal
Además de la obligación de cesar las molestias, el juzgado ha impuesto una indemnización global de 138.000 euros. Cada una de las familias denunciantes recibirá 3.000 euros más los intereses legales correspondientes, una cuantía que el Ayuntamiento deberá abonar junto a las costas del proceso.
Andrés Morey, abogado representante de las familias, ha subrayado la importancia de que la sentencia reconozca la «dejación de funciones» del consistorio. Según Morey, el Ayuntamiento, poseedor de las competencias en materia de control de ruido, ignoró sistemáticamente las quejas vecinales, respondiendo con un «silencio administrativo» que la justicia ha considerado ahora inaceptable.
Este fallo marca un antes y un después en la gestión del espacio público en Valencia. Mientras el sector promotor observa con preocupación el futuro de los grandes recintos urbanos, el vecindario celebra lo que consideran una victoria histórica de la salud y el descanso sobre el lucro comercial y la inactividad institucional. El Ayuntamiento, por su parte, deberá decidir ahora si recurre la sentencia o inicia el complejo proceso de buscar un nuevo hogar para la música en directo en la ciudad.
