MADRID / VALÉNCIA — El Tribunal Supremo ha dictado una resolución definitiva que pone fin a uno de los contenciosos administrativos y debates identitarios más prolongados de la Comunitat Valénciana. En un auto emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de la localidad de la Ribera Alta contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valénciana (TSJCV), la cual anuló el decreto del Consell que había modificado la denominación municipal oficial para pasar a llamarse simplemente «Castelló».
Con esta providencia judicial, que agota por completo la vía ordinaria y no admite ulterior recurso, se consolida la anulación del cambio de nombre. De este modo, el municipio de aproximadamente 7.000 habitantes ve restituida legalmente su denominación histórica y registral de Villanueva de Castellón, cerrando de forma definitiva un ciclo de tiras y aflojas jurídicos, administrativos y políticos que se arrastraba desde hace décadas en torno a la oficialidad y adecuación de su topónimo.
Un riesgo real y efectivo de confusión institucional
El núcleo central sobre el que se sustenta la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo radica en la demostración empírica de un riesgo real, cierto y efectivo de confusión institucional. Los magistrados del alto tribunal han refrendado los argumentos esgrimidos en su día por el TSJCV, validando la valoración probatoria que demostró que el uso en solitario del topónimo «Castelló» —idéntico al de la capital de la provincia castellonense, Castelló de la Plana— generaba disfunciones de gran calado en el tráfico jurídico y administrativo ordinario.
Durante el procedimiento judicial, se aportaron pruebas determinantes que evidenciaron cómo la simplificación del nombre provocó hasta 471 registros erróneos en notificaciones, expedientes y trámites dirigidos a ciudadanos y administraciones públicas. Lejos de tratarse de meras incidencias anecdóticas o errores aislados, los informes técnicos y jurídicos constataron equívocos continuados en la identificación de entidades locales, cruces de competencias y cruces postales que entorpecían el normal funcionamiento de los servicios públicos.
El auto del Supremo subraya que el Decreto 69/2017 de la Generalitat Valénciana —por el cual se regulaban los criterios y procedimientos para el cambio de denominación de los municipios— no ampara una modificación que derive en una colisión directa y en una fuente recurrente de inseguridad jurídica registral. Asimismo, la Sala ha impuesto las costas procesales a la parte recurrente, fijando límites cuantitativos estipulados para los diferentes letrados personados en oposición a la admisión del recurso de casación.
La trastienda de un conflicto identitario y administrativo
La disputa en torno al nombre oficial de este municipio de la Ribera Alta no surge de la noche a la mañana; hunde sus raíces en un debate sobre la normalización lingüística, la tradición histórica y la singularidad territorial que se ha prolongado por espacio de más de treinta años.
Históricamente conocida como Villanueva de Castellón, la localidad adoptó en sucesivas etapas impulsadas por corporaciones locales de signo catalanista (formadas históricamente por combinaciones de Compromís, PSPV-PSOE y Esquerra Unida) vías para potenciar la denominación en valenciano. Sin embargo, la elección de la fórmula a secas (Castelló) tropezó de inmediato con el escollo geográfico y administrativo insalvable de la coincidencia literal con la capital de la provincia de Castellón.
Durante años, asociaciones vecinales, colectivos contrarios al cambio y sectores de la oposición jurídica advirtieron de que la supresión del término «Villanueva» (o la alternativa frecuentemente utilizada a nivel comarcal de Castelló de la Ribera) desvirtuaba la especificidad del municipio y abría la puerta a un laberinto burocrático. Los sucesivos recursos interpuestos a lo largo de este periodo culminaron en los tribunales ordinarios hasta la sentencia dictada por la Sección Cuarta del TSJCV a principios de marzo de 2025 (sentencia nº 120/2025), la cual declaró nulo de pleno derecho el decreto autonómico que avaló la modificación. El posterior recurso de casación municipal ante el Tribunal Supremo, ahora inadmitido, representaba el último cartucho legal del consistorio para intentar salvaguardar la denominación exclusiva en valenciano.
Escenario de futuro: ejecución de la sentencia y adaptación municipal
Tras la firmeza de la resolución del alto tribunal, el Ayuntamiento se enfrenta ahora a un complejo proceso de reversión y adaptación administrativa. En el plano estrictamente formal y registral, la denominación oficial del municipio recobra plenamente el nombre de Villanueva de Castellón. Esto obliga a modificar de forma paulatina todos los soportes documentales oficiales, padrones municipales, señalizaciones viarias, bases de datos tributarias y comunicaciones institucionales que dependan de la identificación administrativa del Estado y de la Generalitat Valenciana.
No obstante, el impacto práctico inmediato deja abiertas incógnitas de índole política y digital. En los primeros compases tras conocerse el auto judicial, el consistorio ha mantenido temporalmente el rótulo de «Castelló» en la cabecera de su página web oficial y en sus portales de tramitación telemática, evidenciando la resistencia o la lentitud burocrática propia de estos relevos institucionales.
Expertos en derecho local apuntan a que, si la corporación local desea en el futuro eludir la denominación castellana tradicional sin incurrir en los vicios de ilegalidad que han tumbado la actual fórmula, la vía pasa obligatoriamente por tramitar un nuevo expediente administrativo que contemple una alternativa compuesta y diferenciada —como pudiera ser Vilanova de Castelló—, la cual evite de manera tajante cualquier colisión homónima con la capital provincial y cumpla estricta y escrupulosamente con los estándares de seguridad jurídica exigidos por la jurisprudencia contenciosa. Por el momento, el punto y final judicial obliga a acatar la legalidad vigente y devolver a los registros oficiales el nombre con el que la localidad ha figurado durante generaciones.
MetroValencia deberá adaptar la línea de metro a la legalidad
Y es que no sólo a pesar de los reveses judiciales la loclaidad mantenía la denominación de Castelló, sino que la Generalitat Valenciana (primero en manos de Compromís-PSPV,luego PP y Vox y ahora PP) han mantenido la línea de mtro con el término de Castelló, confundiendo a los usuarios con Castelló (de la Plana).
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