VALÉNCIA. — La paciencia de la sociedad civil valenciana ha llegado a su límite. En un escenario de creciente tensión política, la asociación Juristes Valencians ha lanzado un órdago a las principales fuerzas parlamentarias (PPCV, PSPV y Compromís-Sumar) bajo una consigna clara: «Que no callen más tiempo a los valencianos, ni en Les Corts ni en el Congreso». La exigencia es nítida: la reforma constitucional que permita la recuperación del Derecho Civil Valenciano debe estar aprobada en ambas cámaras antes del 27 de julio de 2026.
La fecha no es azarosa. Ese día se conmemorará el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I, el rey fundador del Reino de Valéncia y arquitecto de els Furs. Para el municipalismo y el tejido jurídico valenciano, no existe mejor forma de honrar su memoria que devolviendo a la Generalitat la capacidad legislativa que le fue arrebatada por el centralismo borbónico hace más de tres siglos y que permanece bloqueada por la jurisprudencia constitucional desde 2016.
El agravio comparativo: El «efecto Formentera»
El detonante de esta nueva oleada de protestas ha sido la aprobación definitiva este miércoles 22 de abril en el Senado de una reforma constitucional exprés para dotar de un senador propio a la isla de Formentera. Este movimiento, impulsado con celeridad por el Partido Popular y el PSOE, ha servido de espejo para evidenciar el trato desigual que recibe la agenda valenciana en Madrid.
«La celeridad con la que se ha abordado el caso de Formentera demuestra que, cuando hay voluntad política, la Constitución no es un muro infranqueable», señalan desde Juristes Valencians.
El contraste es hiriente: mientras la pequeña isla balear logra su objetivo en tiempo récord, la propuesta valenciana —aprobada por amplia mayoría en Les Corts en 2020— languidece en los cajones del Congreso.
Bloqueo en Les Corts: Seis meses de parálisis y discriminación
La crítica más feroz de la entidad se dirige contra el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts. Pese a que el PPCV ha manifestado públicamente su apoyo al autogobierno, la realidad parlamentaria cuenta una historia distinta. Han pasado más de seis meses sin que el grupo mayoritario haya llevado al pleno la elección de la delegación de diputados que debe viajar a Madrid para defender la reforma.
José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, ha instado directamente al síndic popular, Nando Pastor, a pasar de las palabras a los hechos. «La sociedad valenciana tiene prisa por dejar de ser tratada como ciudadanos de segunda categoría. Nadie entiende esta demora de medio año en un momento decisivo», ha denunciado Chirivella. Esta inacción ha motivado la convocatoria de una concentración de protesta este viernes 24 de abril, a las 18:30 horas, frente a las puertas de Les Corts, coincidiendo simbólicamente con la víspera del 319 aniversario de la Batalla de Almansa, fecha de la pérdida de los fueros.
¿Por qué es vital recuperar el Derecho Civil?
La restitución de la capacidad legislativa en materia civil no es una cuestión de «arqueología jurídica», sino una herramienta de utilidad diaria para los ciudadanos. La importancia de que Les Corts recuperen esta potestad radica en tres ejes fundamentales:
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Protección de la familia: Permitiría recuperar normativas propias sobre el régimen económico matrimonial (apostando por la separación de bienes frente a los gananciales por defecto), la custodia compartida y la regulación de las uniones de hecho, adaptadas a la realidad social valenciana actual.
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Economía y Sucesiones: Un derecho de sucesiones propio facilitaría la continuidad de las empresas familiares y las explotaciones agrarias, evitando que el actual Código Civil español —diseñado bajo una lógica distinta— obligue al troceamiento de tierras o negocios que acaban perdiendo su viabilidad económica.
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Igualdad territorial: Actualmente, comunidades como Galicia, Aragón, Navarra, Cataluña, Baleares y el País Vasco legislan con normalidad sobre estas materias. La prohibición a la Comunitat Valenciana genera una anomalía democrática donde los valencianos carecen de derechos civiles que sus vecinos sí disfrutan.
Hacia el Año Jaume I: Un autogobierno pleno
La mirada está puesta en el calendario. El 2026 debería ser un año de celebración por el XX aniversario de la reforma del Estatut d’Autonomia de 2006, una reforma que pretendía blindar el derecho foral pero que acabó siendo vaciada por las sentencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Juristes Valencians lamenta la «ausencia de iniciativas institucionales» para conmemorar este hito y el próximo 25 de abril.
Para las entidades civiles, el Año Jaume I debe marcar el fin de la interinidad legislativa. «No podemos celebrar 750 años de historia con un autogobierno mutilado», afirman. La exigencia a los líderes políticos es unánime: aprovechar la ventana de oportunidad abierta por la reforma de Formentera para introducir la «vía valenciana» y asegurar que, antes del 27 de julio, la Generalitat recupere la soberanía civil que le corresponde por historia y por derecho.
El próximo viernes, el grito en la Plaza de San Lorenzo no será solo por el pasado, sino por un futuro donde los cinco millones de valencianos dejen de ser la excepción en el mapa foral de España. La restitución no es un privilegio, es una cuestión de justicia.
