ESTRASBURGO – En una jornada marcada por la trascendencia jurídica y política, el Parlamento Europeo ha dado un paso decisivo que altera el tablero judicial español. El pleno de la Eurocámara, reunido en su sede de Estrasburgo, ha aprobado este martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF). Esta decisión, adoptada por una amplia mayoría, despeja el camino para que el Tribunal Supremo de España proceda penalmente contra el eurodiputado por un presunto delito de acoso.
El epicentro de la controversia se sitúa en la figura de Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio en Valencia. Según la investigación que coordina el alto tribunal español, Pérez habría orquestado una campaña de exposición contra la funcionaria a través de sus canales de difusión en redes sociales, lo que derivó en un hostigamiento sistemático que la justicia ahora busca depurar.
Un informe jurídico sin fisuras
La resolución del pleno no ha sido una sorpresa, sino la culminación de un proceso iniciado meses atrás. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ya había emitido un informe favorable a la retirada de la protección parlamentaria tras analizar minuciosamente el suplicatorio enviado por el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado.
El informe, que ha servido de base para la votación de hoy, sostiene dos pilares fundamentales:
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Temporalidad: Los hechos investigados —la difusión de datos personales y la incitación al insulto contra Gisbert— tuvieron lugar entre enero y febrero de 2024. En ese momento, Alvise Pérez aún no ostentaba la condición de eurodiputado, cargo que obtuvo tras los comicios del pasado mes de junio.
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Ausencia de «fumus persecutionis»: La Eurocámara ha dictaminado que no existen indicios de que el proceso judicial sea una maniobra de persecución política dirigida a impedir el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
«La inmunidad no es un privilegio personal, sino una garantía de la independencia de la cámara. Cuando los hechos son previos al mandato y no guardan relación con la actividad legislativa, la justicia debe seguir su curso», señalan fuentes parlamentarias tras la votación.
El origen del conflicto: Redes sociales y exposición
El caso contra el líder de SALF se remonta a una serie de publicaciones en las que se difundieron datos sensibles de la fiscal Gisbert. La exposición de su identidad y detalles personales en un contexto de crítica feroz provocó, según la denuncia, una «oleada de mensajes ofensivos e insultantes» que comprometieron la integridad moral y profesional de la fiscal.
El Tribunal Supremo considera que existen indicios suficientes para tipificar estas acciones como un delito de acoso, una figura que en el Código Penal español protege a los ciudadanos frente a estrategias de hostigamiento que alteran gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.
Un escenario judicial complejo
Pese a la contundencia de la votación, Alvise Pérez no perderá su acta de eurodiputado. La retirada de la inmunidad es un trámite puramente procesal que permite al juez instructor citarle como investigado, tomarle declaración y, eventualmente, sentarle en el banquillo. El líder de SALF mantiene sus derechos políticos intactos, incluyendo el voto y la representación, a menos que en el futuro medie una sentencia condenatoria firme que incluya la inhabilitación.
Además, Pérez cuenta con una última carta administrativa: la posibilidad de recurrir la decisión de la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, este tipo de recursos rara vez logran paralizar de forma cautelar los procedimientos en los tribunales nacionales.
La primera ficha de un dominó judicial
Este suplicatorio es solo el inicio de un otoño judicial complicado para el eurodiputado. El Tribunal Supremo tiene pendiente una segunda petición de retirada de inmunidad, vinculada a una investigación mucho más sensible: la presunta financiación irregular de su campaña electoral.
Este segundo caso investiga la recepción de 100.000 euros en metálico por parte de un empresario de criptomonedas, dinero que supuestamente fue utilizado para sufragar gastos electorales de SALF sin ser declarado ante el Tribunal de Cuentas. Si la Eurocámara accede también a este segundo suplicatorio, Pérez se enfrentaría a cargos por delitos electorales que conllevan penas más severas.
Reacciones en el espectro político
La decisión ha sido recibida con satisfacción por la mayoría de los grupos parlamentarios españoles en Bruselas, que ven en este gesto un refuerzo del Estado de Derecho. Por su parte, el entorno de Alvise Pérez ha mantenido su retórica habitual, calificando el proceso como un intento de las «élites» de silenciar su discurso disruptivo.
La presidenta del Parlamento Europeo comunicará en las próximas horas la decisión oficial a las autoridades españolas. A partir de ese momento, el reloj de la justicia española volverá a correr, marcando un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales y la responsabilidad de los representantes públicos.
