MADRID, 28 de abril de 2026 — El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes que habilita una línea de financiación extraordinaria de 1.300 millones de euros destinada específicamente a la Comunitat Valenciana. Esta medida busca sufragar los gastos derivados de la DANA que asoló la región entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, así como otras catástrofes naturales recientes.
El paquete de medidas, impulsado por el Ministerio de Hacienda, recupera iniciativas que ya habían sido planteadas en diciembre pero que no lograron la convalidación en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apelado a la «sensibilidad» de los distintos grupos parlamentarios para garantizar que los fondos lleguen finalmente a la administración autonómica y a los ayuntamientos afectados.
Un mecanismo de financiación a medida
La pieza central de este Real Decreto-ley es la creación de un compartimento específico dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esta línea permitirá a la Comunitat Valenciana gestionar este año unos 1.300 millones de euros para hacer frente a la reconstrucción y a las facturas pendientes de la catástrofe.
Este sistema no es nuevo para la región; durante los ejercicios de 2024 y 2025, el Gobierno ya habilitó líneas similares por un valor total de 3.064 millones de euros, de los cuales la Generalitat Valenciana llegó a ejecutar 1.600 millones.
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Además, el Ejecutivo ha atendido una reivindicación histórica de los alcaldes de la zona: los gastos derivados de la DANA no se contabilizarán para el cumplimiento de las reglas fiscales. Esto implica que:
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Las inversiones y gastos de emergencia no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad.
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No se exigirá a los ayuntamientos afectados la elaboración de planes económico-financieros por este concepto.
Esta reivindicación era compartida por todos los Ayuntamientos afectados que aseguraban que a pesar de tener dinero para ayudar a sus ciudadanos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno y Hacienda no les permitía gastarlo en ayudar a sus ciudadanos. Ahora, a un año de las próximas elecciones autonómicas y locales «casualmente» se desbloquea este asunto.
Nuevas exenciones en el IRPF para afectados y donantes
En el ámbito tributario, el decreto introduce importantes novedades para proteger la capacidad económica de las víctimas. La normativa declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por entidades sin ánimo de lucro, como Cáritas y otras ONG, a personas físicas afectadas por la DANA.
«El objetivo es equiparar el tratamiento de estas ayudas al de las que ya concedieron las empresas a sus trabajadores, que ya gozaban de exención fiscal», señala el texto ministerial.
Asimismo, el Real Decreto-ley confirma la exención para las ayudas directas concedidas por la propia Generalitat Valenciana. Aunque la Agencia Tributaria ya había aplicado esta exención por vía interpretativa durante la Campaña de la Renta 2025 actualmente en curso, la nueva norma refuerza la seguridad jurídica y garantiza que el beneficio fiscal se mantenga durante el ejercicio 2026.
Por otro lado, la normativa también recupera la exención en el IRPF para las indemnizaciones por daños personales derivados de los incendios forestales del pasado verano, una medida que también beneficiará a la Comunitat Valenciana por ser una de las zonas más castigadas por el fuego.
Reparación para las víctimas de abusos en la Iglesia
Más allá de las catástrofes naturales, el Real Decreto-ley incluye un apartado de alto calado social: las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica quedarán totalmente libres de impuestos.
Esta medida da cumplimiento al pacto firmado entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del Pueblo y la cúpula eclesiástica. El fin último es permitir que las víctimas perciban la reparación económica de manera íntegra, sin tener que detraer ninguna cantidad para cumplir con obligaciones fiscales por este concepto.
Con la aprobación de este decreto, el Gobierno busca cerrar heridas tanto materiales como sociales, dotando a las administraciones de las herramientas financieras necesarias para la reconstrucción definitiva de las zonas afectadas por la DANA.
