MADRID – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de los derechos humanos en el país. Durante la presentación del informe anual ‘España 2025 sobre Derechos Humanos y Discapacidad’, la entidad ha alertado de la existencia de una «brecha persistente» que separa los avances legislativos de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. El documento, que se elabora de forma ininterrumpida desde hace diecisiete años, ofrece una radiografía preocupante: solo en el último año se han contabilizado 145 denuncias por vulneraciones de derechos frente a apenas 36 avances registrados.
El informe, presentado en un acto televisado en la Agencia Servimedia, llega en un momento simbólico: el 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006-2026). A pesar de estas dos décadas de vigencia del tratado, los datos reflejan que España aún tiene asignaturas pendientes en áreas críticas como la accesibilidad universal, la educación inclusiva, el empleo y la salud.
La trampa del reconocimiento sin uso
Uno de los puntos más críticos del informe fue señalado por Jara Sánchez, responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad. Sánchez advirtió sobre lo que denomina el «cumplimiento sofisticado«: una forma de discriminación en la que el Estado reconoce legalmente un derecho pero no facilita los medios para ejercerlo. “Reconocer un derecho sin hacerlo utilizable es otra forma de negarlo”, afirmó, instando a las instituciones a crear sistemas de rendición de cuentas y sanciones reales para quienes incumplan las normativas de accesibilidad.
Para el CERMI, la accesibilidad no debe verse como un añadido técnico, sino como una «infraestructura básica de ciudadanía«. El informe sostiene que la falta de accesibilidad condiciona decisiones tan básicas como ir al médico, acceder a una vivienda o participar en la vida pública, convirtiéndose en una barrera infranqueable para la igualdad.
Mujeres con discapacidad: doble discriminación
La perspectiva de género ocupa un lugar central en el documento de 2025. Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía, denunció que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan barreras añadidas que limitan su autonomía económica y las exponen a mayores riesgos de violencia. Entre las peticiones urgentes destaca la creación de una ley integral de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas, una práctica que, aunque erradicada legalmente, ha dejado una huella de desprotección en muchas mujeres.
Castillo también reclamó la realización de una macroencuesta estatal específica sobre violencia contra mujeres con discapacidad y un refuerzo presupuestario que permita que los planes de igualdad lleguen realmente a este colectivo.
Un horizonte de lucha ante el odio
El informe también pone el foco en el deterioro del clima social. Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos del CERMI, expresó su preocupación por el aumento de los discursos de odio y la polarización política. Ante este escenario, defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos de vigilancia para responder a cualquier expresión de discriminación.
A pesar de las denuncias, el informe no es solo una lista de agravios. Incluye 69 propuestas de mejora y un reconocimiento al avance que supone la participación activa del movimiento social. Según Saravia, la Convención de la ONU sigue siendo la «brújula» que debe guiar las políticas públicas inclusivas.
En conclusión, el mensaje del CERMI es claro: los derechos humanos de las personas con discapacidad no pueden ser una cuestión de «código postal» o capacidad económica familiar. El movimiento exige que el Estado asuma su responsabilidad para que el bienestar de este colectivo deje de depender del esfuerzo individual y pase a ser una garantía democrática efectiva.
