El enfrentamiento político en torno a la inmigración y la regularización de personas migrantes ha escalado en la Generalitat Valenciana después de que el PSPV-PSOE anunciara que acudirá a la Fiscalía para denunciar las supuestas instrucciones emitidas desde la Conselleria de Sanidad sobre la documentación necesaria para acreditar el arraigo de personas migrantes.
Los socialistas valencianos acusan al Gobierno autonómico presidido por Pérez Llorca de intentar “sabotear” el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España.
La polémica: una circular enviada a centros de salud
Según denunció el síndic socialista en Les Corts, Jose Muñoz, la Conselleria de Sanidad habría remitido un correo interno a responsables de centros sanitarios indicando que no facilitaran determinados documentos utilizados para justificar el arraigo de personas migrantes en España.
El PSPV considera que esa actuación supone un obstáculo directo al procedimiento de regularización actualmente en marcha.
Muñoz calificó la actuación de la Conselleria como un “acto de boicot” y aseguró que desde el Partido Socialista no permitirán que se obstaculice el acceso de personas migrantes a sus derechos administrativos y sociales.
El PSPV pide responsabilidades políticas y legales
Los socialistas han anunciado dos vías de actuación:
- La vía política, reclamando el cese de la cúpula de Sanidad
- La vía judicial, mediante denuncia ante la Fiscalía
El PSPV sostiene que podrían existir varios delitos relacionados con la emisión de esa circular administrativa.
Entre ellos mencionan:
- Posible falsedad documental
- Posible delito de prevaricación
- Posible delito de odio por discriminación al colectivo migrante
Muñoz afirmó que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para aclarar lo ocurrido.
Acusaciones de “deshumanización”
La secretaria de Migraciones del PSPV, Yaissel Sánchez, aseguró que las instrucciones denunciadas “suponen una vulneración de los derechos de las personas migrantes”.
Además, acusó al Partido Popular y a Vox de intentar obstaculizar deliberadamente los trámites de regularización.
Según Sánchez, la Generalitat tiene la obligación de facilitar los procedimientos administrativos vinculados al arraigo y a la integración de personas migrantes.
Un nuevo foco de tensión política en la Comunitat Valenciana
La polémica llega en un momento especialmente sensible en materia migratoria en toda España, con un fuerte debate político sobre regularización, extranjería y acceso a servicios públicos.
La denuncia del PSPV abre ahora un nuevo frente político y judicial en la Comunitat Valenciana que podría acabar derivando en investigaciones por parte de la Fiscalía si se admiten a trámite las acusaciones planteadas por los socialistas.
Mientras tanto, desde la oposición se insiste en que el Consell estaría utilizando la administración autonómica para dificultar procedimientos impulsados por el Gobierno central, algo que el Ejecutivo valenciano previsiblemente tendrá que responder en los próximos días.
