Una denuncia ciudadana ante Hacienda busca rescatar del «limbo legal» la antigua estación de FEVE de Nazaret
El destino de la antigua estación de ferrocarril de vía estrecha (FEVE) de Nazaret, catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL) bajo la categoría de Monumento de Interés Local, ha dado un giro burocrático drástico. Harto del bloqueo institucional y de la parálisis en la conservación del inmueble, el presidente de Círculo por la Defensa del Patrimonio ha registrado este lunes una denuncia formal ante la Delegación Especial de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana. El objetivo de esta ofensiva legal es obligar a la Administración General del Estado a declarar el edificio como «bien mostrenco» (vacante) e inmatricularlo de oficio para evitar su colapso material definitivo.
La iniciativa jurídica surge como respuesta directa al último informe oficial emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia, fechado el pasado 8 de abril de 2026. En dicho documento, el consistorio admitió de forma inédita que la mercantil que figuraba históricamente como titular, SELUIN S.L., había sido dada de baja de la matriz del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tras comprobarse que carecía de título sobre el bien, reconociendo literalmente que el edificio se halla en un «limbo absoluto de propiedad, careciendo de dueño conocido y de titularidad registral alguna».
Un «fantasma legal» para esquivar la disciplina urbanística
Durante casi una década, el Ayuntamiento de Valencia justificó la falta de órdenes de ejecución contundentes para rehabilitar la estación alegando la imposibilidad de localizar a los propietarios privados para sancionarlos.
Sin embargo, los últimos informes técnicos revelan una paradoja administrativa: mientras el área de Patrimonio Histórico constata que el inmueble no tiene dueño, el Servicio de Disciplina Urbanística mantenía su intención de continuar tramitando expedientes sancionadores contra los antiguos titulares ya inexistentes. Un procedimiento que los expertos consideran nulo de pleno derecho al dirigirse contra un «fantasma legal» y cuya única finalidad, según el denunciante, sería simular actividad administrativa.
La polémica se ha avivado tras la negativa del Ayuntamiento a actuar de oficio. En sus comunicaciones de abril de 2026, la administración local afirmó encontrarse «legalmente imposibilitada» para inmatricular el bien por la vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria al no constar en su inventario patrimonial. No obstante, en lugar de dar traslado institucional de la orfandad del inmueble al Estado, el consistorio emplazó formalmente por escrito al propio administrado a acudir de forma particular ante el Ministerio de Hacienda a denunciar la existencia del bien vacante.
«Es una elusión flagrante de potestades públicas que vulnera el principio de Buena Administración», argumenta Guardeño en la denuncia presentada ante la Delegación Especial de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana. Dependencia Regional de Patrimonio del Estado / Sección de Patrimonio e Inmuebles vacantes. «Se pretende que los ciudadanos particulares y las asociaciones sin ánimo de lucro suplan con sus propios medios la inacción y la falta de comunicación institucional entre administraciones frente a la ruina de un monumento protegido».
Nueva recomendación del Síndic al consistorio
Esta denuncia ante el Ministerio de Hacienda coincide en el tiempo con las cuartas recomendaciones del Síndic d’Agravis de la Comunitat Valenciana. El pasado 7 de mayo de 2026, el Alto Comisionado autonómico, Ángel Luna, emitió una Resolución de Consideraciones en el marco de la queja acumulada número 2601219.
En dicha resolución, Luna apunta que «En el informe municipal que tuvo entrada en esta institución con fecha 9/4/2026, no se detalla ninguna medida en cumplimiento de la referida Resolución de consideraciones de fecha 28/4/2021, a saber:
RECOMENDAMOS que, en cumplimiento de las Recomendaciones de fechas 24/9/2018 y 22/10/2019, y teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde las mismas, se impulse con determinación la adopción de los acuerdos que sean necesarios para mejorar el estado de conservación de la antigua estación de FEVE y su entorno de protección».
El Síndic otorga ahora al consistorio el plazo improrrogable de un mes para remitir un informe exhaustivo en el que manifieste si acepta las recomendaciones y qué medidas concretas adoptará para frenar la «progresiva degradación y ruina» del entorno de protección de la estación.
La pelota, en el tejado del Estado
Con la denuncia ya registrada en la Delegación Especial de Economía y Hacienda bajo el amparo del artículo 17 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas —que atribuye al Estado de forma automática la propiedad de los inmuebles que carezcan de dueño—, se abre ahora un escenario clave.
La Dirección General del Patrimonio del Estado se ve obligada a incoar un expediente de investigación dominical. Entre las medidas solicitadas por el denunciante se incluye el requerimiento formal de todo el expediente oculto del Ayuntamiento y la adopción de medidas cautelares de urgencia para asegurar la estabilidad estructural de la fachada y los elementos modernistas supervivientes.
El barrio de Nazaret contiene el aliento ante un proceso que podría, finalmente, retirar el candado judicial a un hito de la arquitectura ferroviaria valenciana del siglo XX y permitir su futura transferencia para dotaciones públicas esenciales, tras años atrapado en el fuego cruzado de la incomprensible desidia competencial de las diferentes administraciones públicas que han intervenido en el expediente.
