El Síndic expone públicamente a la Conselleria de Cultura por incumplir la gratuidad en los monumentos (BIC) y calificar sus compromisos oficiales de «meros deseos»
- La alta institución decreta el cierre del expediente por «desatención» y sitúa a la Administración valenciana en la «lista de la vergüenza» de su portal de transparencia.
Valencia, 20 de mayo de 2026.— El asociacionismo cultural valenciano ha vivido un punto de inflexión tras la publicación de la Resolución de Cierre del Síndic d’Agravis (expediente nº 2601313, reapertura del nº 1902961). El veredicto del comisionado de las Cortes Valencianas, Ángel Luna González, es tajante: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha incumplido de manera «flagrante, consciente y deliberada» la resolución dictada en diciembre de 2019 que le obligaba a garantizar la visita gratuita a los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Comunitat Valenciana al menos cuatro días al mes.
Ante la gravedad de la desatención y la parálisis de la Administración, el Síndic ha aplicado las prerrogativas extraordinarias que le otorga el artículo 41.d) de la Ley 2/2021, ordenando la publicación íntegra del incumplimiento de la Conselleria en su portal oficial de transparencia. Esta medida sitúa de forma efectiva a los actuales responsables de la Conselleria de Cultura en la «lista de la vergüenza» institucional para que toda la ciudadanía y los representantes políticos constaten el bloqueo a los derechos culturales de los valencianos.
Un «engaño institucional»: de firmas regladas a «cartas a los Reyes Magos»
El conflicto se remonta al 13 de febrero de 2020, fecha en la que la Generalitat aceptó de forma expresa e incondicional la recomendación del Síndic para implementar el régimen de gratuidad que exige la ley nacional. Sin embargo, tras seis años en los que los monumentos han seguido cobrando entradas de entre 10 y 15 euros sin ofrecer ni una sola hora gratis, la Conselleria remitió un informe que ha desatado la indignación de la sociedad civil.
En dicho documento, firmado por la Subsecretaría de la Conselleria, la Administración sostiene textualmente que aquella aceptación oficial de 2020 «no puede ser más que un deseo o una esperanza, pero no un firme compromiso de cumplimiento».
«Es una burla intolerable al sistema democrático y al ciudadano», denuncia César Guardeño, presidente de la Asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural. «¿Desde cuándo las resoluciones que firma un alto cargo de la Generalitat ante las Cortes se redactan en clave poética o como meras cartas de deseos? Si la firma electrónica de la Administración en un documento oficial no vincula sus actos y se reduce a una ‘esperanza’, nos encontramos ante un escenario de absoluta inseguridad jurídica y desamparo ciudadano que no vamos a tolerar».
Desmontando las falacias de la Generalitat
La Conselleria de Cultura ha pretendido eludir sus obligaciones alegando el principio de «reserva de ley», afirmando que necesita aprobar una nueva ley autonómica para obligar a los propietarios de los BIC a abrir gratis.
Desde la asociación técnico-cultural desmontan categóricamente esta tesis: la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE) ya determina en su artículo 13.3 el deber ineludible de permitir la visita gratuita cuatro días al mes. Al tratarse de legislación básica del Estado (Art. 149.1.28ª de la Constitución), es de aplicación directa. La Generalitat no necesita legislar de nuevo, sino ordenar a sus inspectores el cumplimiento de la ley estatal mediante una simple Instrucción Administrativa.
Asimismo, la asociación califica de «ridículo» el intento de la Conselleria de justificar su inoperancia comparándose con otras comunidades autónomas que tampoco cumplen la norma, como Cataluña o Baleares. «El mal de muchos no otorga un derecho al incumplimiento. Mientras en Andalucía o Galicia los ciudadanos disfrutan de su patrimonio gratis cuatro días al mes, los valencianos sufrimos una evidente discriminación territorial», añade Guardeño.
Privilegios fiscales a cambio de cero retorno social
La entidad civil recuerda la contradicción ética que supone que grandes tenedores inmobiliarios e instituciones privadas reciban ingentes subvenciones públicas y exenciones fiscales absolutas (como el impago del IBI o deducciones de IRPF) por sus monumentos BIC, pero se nieguen a ofrecer el «justiprecio social» del acceso libre. «La Conselleria está amparando un enriquecimiento injusto a costa del bolsillo de los ciudadanos, protegiendo las taquillas privadas frente al derecho constitucional a la cultura (Art. 44 CE)», sentencian.
Ofensiva ciudadana: exigencia de responsabilidades políticas
Lejos de amedrentarse por el tono «condescendiente» empleado por la Subsecretaría en su informe —de corte paternalista y donde se llegó a acusar a la asociación de padecer una «confusión conceptual»—, el Círculo por la Defensa del Patrimonio anuncia una intensificación de la presión social y de la denuncia pública:
- Exigencia de cese de la prepotencia y arrogancia institucional: La asociación ha solicitado una rectificación pública por parte de los redactores del informe, recordando que las entidades ciudadanas que trabajan con rigor técnico merecen respeto y cordialidad, tal y como establece el Código de Buen Gobierno de la Generalitat.
- Fiscalización pública exhaustiva: La entidad continuará exponiendo públicamente, a través de sus canales y medios de comunicación, a cada uno de los monumentos BIC que siga incumpliendo con la gratuidad de los cuatro días al mes, señalando directamente la complicidad y la inactividad material de la Conselleria de Cultura.
«La Conselleria de Cultura tendrá que asumir el coste político y reputacional de haber convertido sus firmas oficiales en papel mojado. El patrimonio valenciano es del pueblo, no el cortijo de unos gestores insensibles a los derechos de la ciudadanía. No vamos a parar hasta que se cumplan de manera efectiva los cuatro días de gratuidad mensual», concluye el presidente de la entidad.
