El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha ordenado el bloqueo y embargo parcial de las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La medida cautelar se dicta apenas 48 horas después de confirmarse su imputación formal por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal en el marco del ‘caso Plus Ultra’.
Esta decisión estrecha de forma drástica el cerco económico sobre el exmandatario, fijando una inmovilización patrimonial dirigida a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la instrucción.
Las claves de la orden judicial
La resolución del magistrado Calama se sustenta en los últimos informes emitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y detalla los siguientes puntos clave:
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Cuantía bloqueada: El juzgado ha ordenado la retención de un total de 490.780 euros. Las fuentes jurídicas matizan que no se trata de un embargo total sobre todo su patrimonio, sino de una inmovilización limitada exclusivamente a los fondos que los investigadores conectan de manera directa con las operaciones bajo sospecha.
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Origen de los fondos: El dinero inmovilizado se corresponde con las transferencias emitidas entre los años 2020 y 2025 por la consultora Análisis Relevante S.L., firma administrada por el empresario Julio Martínez Martínez (vinculado estrechamente al expresidente). La instrucción apunta a que estos abonos se habrían canalizado hacia una cuenta bancaria cuya titularidad comparten de forma conjunta Zapatero y su esposa.
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La tesis delictiva: El juez sospecha que dichos montantes económicos disfrazados de «servicios de consultoría» (actividad en la que el expresidente figuraba de alta en el régimen de autónomos) constituyen en realidad presuntas comisiones ilegales. Los flujos financieros habrían servido para retribuir la presunta intermediación de Zapatero ante las autoridades competentes para acelerar y asegurar la concesión del rescate público de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El entorno familiar, bajo el foco económico
El auto judicial no restringe el control patrimonial al expresidente. Las pesquisas de la Audiencia Nacional sitúan en paralelo el foco sobre la mercantil Whathefav (vinculada a las hijas de Zapatero). Según se recoge en el sumario:
Análisis Relevante S.L. habría desviado «presuntamente» otros 203.755 euros de forma simultánea hacia las cuentas de la agencia de comunicación administrada por su entorno familiar directo. Los investigadores asumen que estas mercantiles habrían operado presuntamente como sociedades de pantalla para el fraccionamiento, ocultación y lavado del dinero bajo sospecha.
Próximas diligencias en el calendario judicial
Tras completarse el pasado martes el registro policial de la oficina profesional del exlíder del Ejecutivo y denegarse temporalmente el registro de su vivienda particular, las medidas restrictivas continúan su curso:
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2 de junio de 2026: Fecha estipulada en la agenda del Juzgado Central número 4 para la declaración presencial de José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de investigado.
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Petición de medidas accesorias: El partido político Vox, personado como acusación popular en la causa, ha formalizado ante la Audiencia Nacional la solicitud de que se proceda a la retirada inmediata de su pasaporte diplomático y la prohibición expresa de salida del territorio nacional para evitar el riesgo de fuga.
El expresidente ha negado tajantemente cualquier vinculación con el cobro de comisiones ilegales o el reparto de contraprestaciones financieras asociadas a las operaciones de la aerolínea, calificando las acusaciones de «difamación».
