Lo que empezó como una sospecha acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla administrativa. Alicia Guerola, una vecina de Valencia afectada además por la dana de octubre de 2024, denuncia que alguien ha utilizado su identidad para operar en plataformas de apuestas online y realizar movimientos con criptomonedas mientras Hacienda le exige ahora el pago de más de 15.000 euros en impuestos.

La afectada asegura que jamás ha apostado dinero ni ha abierto las cuentas bancarias vinculadas a esas operaciones. Sin embargo, la Agencia Tributaria considera que los beneficios obtenidos tributan a su nombre y continúa reclamándole explicaciones.

“Mi vida ya no es mía”

Alicia describe la situación con palabras muy duras: frustración, miedo e impotencia. Explica que desde hace dos años vive pendiente de sus cuentas bancarias y de posibles embargos por unos movimientos que asegura desconocer completamente.

“Lo primero que hago cada mañana es mirar mis cuentas por miedo a que me embarguen la nómina o la vivienda”, relata.

La valenciana sospecha que el robo de identidad pudo producirse tras enviar una copia de su DNI por correo electrónico durante un proceso de selección laboral. Aunque no puede confirmarlo con certeza, considera que aquel pudo ser el punto de partida de todo el fraude.

Hacienda detectó apuestas y cuentas bancarias a su nombre

La situación explotó en 2024, cuando la Agencia Tributaria comenzó a reclamarle la tributación derivada de supuestos beneficios obtenidos mediante apuestas online.

Según denuncia Alicia, los estafadores no solo utilizaron sus datos personales para jugar, sino también para abrir cuentas corrientes y operar financieramente utilizando su identidad.

La sorpresa fue todavía mayor cuando comenzaron a aparecer además operaciones vinculadas al mundo de las criptomonedas, algo con lo que asegura no tener absolutamente ninguna relación.

“Yo en mi vida he jugado, ni he ido a un casino”, afirma de forma tajante.

Una víctima más de un fraude cada vez más habitual

El caso vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento de las suplantaciones de identidad digitales, un fenómeno que se ha disparado en los últimos años y que afecta tanto a operaciones bancarias como a apuestas online, contratación de servicios o movimientos con criptodivisas.

Expertos en ciberseguridad llevan tiempo alertando de que el envío de documentación personal sin suficientes garantías puede convertirse en una puerta de entrada para este tipo de delitos.

En muchos casos, las víctimas descubren el fraude meses después, cuando reciben reclamaciones económicas, deudas o inspecciones vinculadas a actividades que nunca realizaron.

El proceso administrativo puede convertirse en un calvario

Uno de los aspectos más duros de este tipo de situaciones es la lentitud administrativa. Aunque Alicia ha presentado denuncias y reclamaciones, asegura que el proceso avanza despacio mientras continúa acumulando preocupación e incertidumbre.

Tras varios intentos sin éxito para frenar las reclamaciones, acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Regional con el objetivo de demostrar que detrás de esas operaciones existe una clara suplantación de identidad.

Mientras tanto, sigue viviendo con la sensación de haber perdido el control sobre su propia vida.

Cómo protegerse frente a una suplantación de identidad

Los especialistas recomiendan extremar las precauciones al compartir documentación personal por internet. Entre las medidas básicas destacan:

• No enviar fotografías del DNI sin marcas de agua o sin especificar el uso concreto.
• Verificar siempre la autenticidad de empresas y plataformas antes de compartir datos personales.
• Activar alertas bancarias y revisar movimientos con frecuencia.
• Denunciar inmediatamente cualquier operación sospechosa.
• Solicitar informes de riesgo y actividad financiera para detectar posibles fraudes.

El caso de Alicia refleja además las dificultades que todavía existen para que las víctimas puedan demostrar rápidamente que detrás de determinadas operaciones hay una identidad robada y no una actuación voluntaria.