VALENCIA – 04/06/2026
El sindicato Justicia Policial (JUPOL), mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha encendido las alarmas tras denunciar públicamente lo que consideran una «campaña de acoso orientada a criminalizar y deshumanizar» a los agentes del cuerpo en la Comunidad Valenciana. Según ha informado la organización a través de sus canales oficiales, en los últimos días se ha detectado la aparición de carteles de contenido hostil hacia la policía en el entorno de numerosos colegios e institutos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
La organización sindical ha mostrado su profunda preocupación por el escenario elegido para estas acciones, señalando que el ámbito educativo debería ser un espacio neutral y seguro. Desde JUPOL enfatizan que en estos mismos centros estudian hijos e hijas de los propios agentes, quienes quedan expuestos de forma colateral a una situación de «señalamiento y desprotección».
«Cortinas de humo» políticas
En el centro de la denuncia, el sindicato apunta a una presunta intencionalidad política detrás de la difusión de estos materiales en las aulas valencianas. Desde la plataforma policial argumentan que se está intentando instrumentalizar al cuerpo de seguridad:
«Elevar una anécdota a categoría como cortina de humo para desviar la atención mediática de cuestiones realmente importantes empieza a resultar demasiado evidente», reza el comunicado emitido por el sindicato.
Fuentes internas del sindicato sugieren que este tipo de campañas buscan amplificar de manera desproporcionada incidentes aislados con el único objetivo de desgastar la imagen pública de la Policía Nacional y desviar el foco de la agenda política regional.
Ola de solidaridad interna
El sindicato ha cerrado filas en torno a las plantillas de las tres provincias afectadas, emitiendo un mensaje de respaldo explícito a los agentes que desarrollan su labor en la autonomía: «Desde JUPOL enviamos nuestro apoyo a nuestros compañeros de Alicante, Castellón y Valencia».
Por el momento, el sindicato estudia exigir a las correspondientes direcciones de los centros educativos y a las autoridades de la Generalitat Valenciana la retirada inmediata de la cartelería, argumentando que vulnera los principios de neutralidad ideológica y puede llegar a constituir un delito de odio o de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
