Hasta hace apenas unos días, el Ministerio del Interior y el propio ministro Fernando Grande-Marlaska habían negado tajantemente cualquier tipo de contacto de la directora con personas implicadas en la trama. Sin embargo, el informe de la UCO ha obligado a un cambio de estrategia y a la admisión de los encuentros, si bien desde la Moncloa e Interior se insiste en matizarlos como citas «informales» o del «ámbito personal».
La investigación policial detalla los siguientes puntos clave:
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Al menos tres reuniones: Los agentes de la UCO han acreditado que Mercedes González y Leire Díez se reunieron en un mínimo de tres ocasiones entre septiembre de 2024 (cuando González asumió la dirección del cuerpo) y abril de 2025.
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El borrado de mensajes: El sumario apunta a que la directora de la Guardia Civil activó en su aplicación de WhatsApp la función de borrado automático de mensajes en sus conversaciones con la investigada.
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Presión para investigar a la UCO: Según las pesquisas, Leire Díez utilizó estas entrevistas personales con el objetivo explícito de instigar y presionar a la directora para que iniciara una «investigación interna» contra la propia UCO por presuntas filtraciones, buscando torpedear y desprestigiar las líneas de investigación que afectaban al entorno del PSOE y del Ejecutivo.
Lo que dicen los audios y los implicados
Las intervenciones telefónicas y los mensajes recogidos en la causa muestran cómo se movía la investigada en los círculos de poder. En una de las conversaciones interceptadas, Leire Díez presumía ante el abogado imputado Ismael Oliver diciendo: «No estuvo mal la reunión con la directora de la GC, voy a ver si sigo alimentando esa vía». A lo que este contestaba: «A ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas». Además, Díez llegó a afirmar ante sus contactos que la directora del cuerpo era de su total «confianza».
La versión de Mercedes González: A través de un comunicado emitido por Interior, la directora admite la existencia de estos encuentros puntuales (alega recordar dos, aunque acepta que pudieron ser tres) debido a una relación previa cuando ella era delegada del Gobierno y Díez trabajaba en Correos.
Sin embargo, González niega rotundamente haber ordenado ninguna actuación administrativa contra la UCO a petición de la trama y asegura que cortó toda relación con Leire Díez en el momento en que esta cruzó la línea y le solicitó de forma ilícita la reincorporación de un comandante de la Guardia Civil que había sido detenido en el marco del ‘caso Koldo’.
Impacto político y judicial
La UCO sostiene la tesis de que la trama liderada presuntamente por Leire Díez operaba con la intención de «proteger los intereses judiciales» del entorno socialista. Al descubrirse que estas maniobras alcanzaron la propia cúspide de la Guardia Civil, la presión parlamentaria sobre el Ministerio del Interior se ha multiplicado de forma drástica, con peticiones de dimisión y solicitudes urgentes de comparecencia en el Congreso para aclarar por qué se ocultaron estos encuentros en un primer momento.
