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El director general de Transparencia solicita también la suspensión temporal de militancia en el PPCV.
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El president valenciano agradece sus servicios y defiende firmemente la presunción de inocencia.
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La remodelación reabre el debate sobre la gestión de las competencias de Participación Ciudadana.
VALENCIA. – El director general de Transparencia, Jorge Bellver, ha puesto su cargo a disposición del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. La decisión se ha formalizado inmediatamente después de que la Audiencia Provincial de Valencia confirmara su imputación en el llamado caso Azud.
A través de una carta oficial, Bellver ha trasladado su renuncia al jefe del Ejecutivo autonómico, agradeciendo la confianza depositada en él durante el ejercicio de sus funciones. Paralelamente, ha remitido otra misiva a la dirección del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) en la que solicita formalmente la suspensión temporal de su militancia política hasta que se esclarezcan judicialmente los hechos por los que se le investiga.
Respaldo institucional y futuro del departamento
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha aceptado la puesta a disposición del cargo, expresando públicamente su agradecimiento por los servicios prestados por el ya exdirector general. No obstante, Pérez Llorca ha querido blindar el relato político defendiendo firmemente la prevalencia de la presunción de inocencia de Bellver hasta que concluya el proceso judicial.
La clave del relevo: Bellver accedió al cargo de la mano del propio Pérez Llorca en sustitución de José Salvador Tárrega, quien actualmente ejerce como director general de Participación Ciudadana, aunque con competencias recortadas tras la última reestructuración.
La marcha de Bellver abre ahora un escenario de incertidumbre sobre la gestión del área de Transparencia. Fuentes del entorno del Ejecutivo autonómico sopesan si el president optará por devolver el control total de las funciones a Tárrega —cuya gestión previa fue bien valorada— o si, por el contrario, decidirá incorporar un nuevo perfil técnico o político. Esta segunda opción, advierten analistas del sector, podría ralentizar la actividad del departamento debido al periodo de adaptación que requiere el puesto.
El fantasma de la financiación irregular que no cesa
Con este paso a un lado, Jorge Bellver busca amortiguar el impacto político sobre el Consell. Sin embargo, la oposición no ha tardado en recordar los antecedentes que salpican al entorno directo de la presidencia, señalando especialmente la situación de David Serra, uno de los principales asesores del president.
Serra, exvicesecretario del PPCV, fue condenado en 2018 a tres años y ocho meses de prisión por delito electoral y falsedad en documento público, en el marco de la pieza del caso Gürtel que investigó la financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008.
El tribunal del caso Gurtel terminó aceptando el recurso de apelación de Serra para evitar su ingreso en prisión, valorando positivamente que los delitos se cometieron hace más de una década, que el afectado se encuentra completamente alejado de la primera línea política —ejerciendo como abogado en el sector privado— y que presenta un arraigo familiar consolidado a cargo de dos hijos.
Lo que no se podía mantener es un nuevo director de transparencia imputado en una de las piezas del caso Azud.
