La paciente acudió hasta seis veces al hospital con dolores severos. El Consell Jurídic Consultiu dictamina que la Conselleria de Sanidad falló gravemente al interrumpir de forma «injustificada» el seguimiento de sus antecedentes ginecológicos.
Una trágica acumulación de errores de seguimiento y omisiones médicas ha acabado con el desenlace más fatal en Valencia. Una mujer de la provincia ha fallecido a causa de un agresivo cáncer de útero con metástasis que le fue diagnosticado erróneamente como un cólico renal hasta en seis ocasiones consecutivas en el servicio de Urgencias. El fallecimiento se produjo de forma fulminante apenas siete meses después de que la paciente acudiera al hospital por primera vez con los síntomas iniciales.
El caso ha llegado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) tras la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por los familiares de la víctima. El órgano consultivo ha dictaminado formalmente en contra de la Conselleria de Sanidad al reconocer que existió una negligencia administrativa y asistencial, aunque ha fijado la indemnización para los parientes en 14.114 euros, una cantidad notablemente inferior a los 350.000 euros que exigía la acusación particular.
Seis visitas a Urgencias con el mismo diagnóstico erróneo
El calvario para esta familia valenciana comenzó en agosto de 2023, cuando la mujer ingresó en Urgencias aquejada de un severo cuadro de dolor lumbar derecho y pérdida de apetito. Los médicos de guardia determinaron que se trataba de un cólico renal común, pautaron analgésicos y la remitieron a su médico de cabecera. Sin embargo, el dolor persistió de forma notable.
Durante las seis semanas posteriores, entre mediados de agosto y finales de septiembre, la víctima acudió hasta media docena de veces al mismo centro hospitalario debido a la intensidad del malestar. En cada una de las visitas recibió idéntico diagnóstico: cólico renal. Los facultativos se limitaron a aconsejarle que pidiera cita con el urólogo. Durante ese periodo, incluso se le practicó un TAC en el que, según la reclamación, ya existían signos sutiles de afectación pulmonar que pasaron desapercibidos.
No fue hasta el mes de noviembre cuando, ante el deterioro evidente de la salud de la paciente, se le realizó una biopsia. El resultado arrojó un diagnóstico inapelable: carcinosarcoma uterino con extensa necrosis tumoral. Al pasar a manos del servicio de Oncología, se constató que el tumor ya presentaba una metástasis irreversible extendida a los pulmones y al sistema óseo. La mujer falleció el 14 de marzo de 2024.
Una interrupción «injustificada» del seguimiento médico
A pesar de la denuncia de la familia, la Inspección Médica de la Conselleria de Sanidad determinó que la actuación del personal de Urgencias durante esas seis semanas se ajustó a la sintomatología presentada. Sin embargo, el fallo determinante y punible que recoge el dictamen del CJC radica en los antecedentes ginecológicos de la paciente.
A la mujer se le había extirpado un pólipo en el útero en marzo de 2022, una intervención considerada de riesgo y precursora de procesos tumorales. A pesar de la gravedad de la lesión previa, los servicios sanitarios no programaron ninguna revisión posterior. «No consta la realización de controles ginecológicos periódicos ni estudios de vigilancia posteriores, produciéndose una interrupción injustificada del seguimiento en una paciente de alto riesgo», subraya el texto del Consell Jurídic.
El dictamen concluye de forma tajante que esta ausencia de controles periódicos permitió que el proceso tumoral «evolucionara de forma silenciosa» hasta hacerse incontenible. De haberse mantenido la vigilancia establecida en los protocolos, el tumor se habría detectado en una fase localizada, ofreciendo a la paciente opciones terapéuticas que habrían cambiado de forma drástica el fatal desenlace.
