La investigación judicial sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra ha entrado en una nueva fase tras la incorporación de un voluminoso material procedente de Estados Unidos. La Audiencia Nacional ya dispone de 152.482 mensajes obtenidos por las autoridades estadounidenses en el marco de distintas investigaciones y que ahora forman parte de la causa que dirige el magistrado José Luis Calama.
La documentación se suma a un procedimiento que analiza las circunstancias que rodearon la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea durante la pandemia y el posible papel desempeñado por distintas personas vinculadas a la operación.
Miles de mensajes bajo análisis
Los mensajes proceden de varios teléfonos intervenidos por Homeland Security Investigations (HSI), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según las informaciones conocidas hasta ahora, los dispositivos pertenecían a personas relacionadas con la gestión y el accionariado de Plus Ultra, así como a empresarios vinculados a la operación investigada.
El volumen de información es tan amplio que su análisis podría prolongarse durante meses.
Los nombres que aparecen en la documentación
Entre las referencias que figurarían en los mensajes aparecen menciones a figuras políticas, organismos públicos y operaciones empresariales relacionadas con el rescate.
Según las investigaciones, la documentación contiene conversaciones donde se citan organismos como la SEPI, nombres de responsables políticos y distintas gestiones vinculadas a la operación financiera que permitió la supervivencia de la aerolínea durante la crisis sanitaria.
Los investigadores consideran que este material puede aportar contexto sobre las relaciones y contactos mantenidos durante aquel proceso.
La batalla judicial por la validez de las pruebas
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento gira ahora en torno a la legalidad de estos mensajes.
La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado información detallada sobre la obtención de los dispositivos, las autorizaciones judiciales utilizadas para intervenirlos y la cadena de custodia seguida hasta su entrega a las autoridades españolas.
El objetivo es determinar si la obtención y traslado de estas pruebas cumple todas las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico.
El juez mantiene abierta la investigación
Pese a las explicaciones ofrecidas por los investigados durante las últimas comparecencias, el magistrado ha decidido mantener abiertas las diligencias.
La llegada de esta nueva documentación refuerza la importancia de una investigación que todavía no ha alcanzado su fase definitiva y que continúa acumulando elementos de análisis para las partes implicadas.
Zapatero niega cualquier intervención irregular
Durante su declaración judicial, el expresidente defendió que nunca intervino para influir en organismos públicos ni en responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Asimismo, sostuvo que las actividades profesionales desarrolladas a través de consultorías responden a trabajos legítimos y perfectamente justificables.
Su defensa insiste en que no existen actuaciones ilícitas y cuestiona la validez de parte del material incorporado al procedimiento.
Una causa que vuelve a ganar protagonismo
La incorporación de más de 152.000 mensajes convierte esta fase de la investigación en una de las más relevantes desde el inicio del caso.
Ahora serán los investigadores, las acusaciones y las defensas quienes examinen minuciosamente cada uno de los documentos para determinar su relevancia real dentro del procedimiento.
La gran incógnita es si este enorme volumen de información aportará pruebas determinantes o si, por el contrario, acabará generando un nuevo debate judicial sobre la validez y utilización de evidencias obtenidas fuera de España.
