El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha trasladado a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes un ambicioso paquete de medidas con el objetivo de reforzar las políticas públicas en materia de discapacidad en los Presupuestos de la Generalitat para 2026.
La propuesta incluye 17 iniciativas con impacto económico valoradas en 14.234.900 euros, junto a 8 medidas programáticas sin coste adicional directo, diseñadas para mejorar la planificación, la coordinación y la eficacia de las políticas públicas.
Todo ello con un enfoque basado en los derechos humanos, la accesibilidad universal y la inclusión social.
Tal y como ha señalado el presidente del CERMI-CV, Luis Vañó,
«el presupuesto no es un documento neutro: expresa prioridades políticas», y ha insistido en que las cuentas públicas deben garantizar «igualdad real, autonomía personal, inclusión comunitaria y accesibilidad universal».
Acción concertada y autonomía personal
Entre las principales propuestas destaca la necesidad de actualizar la financiación de la acción concertada en el ámbito de la discapacidad, con el fin de asegurar la estabilidad de los servicios que prestan las entidades sociales a miles de personas en la Comunitat Valenciana.
El CERMI-CV también plantea reforzar programas clave como la promoción de la autonomía personal, las ayudas individuales para productos de apoyo, la adaptación funcional y los itinerarios de vida independiente.
Asimismo, subraya la importancia de fortalecer la atención temprana como herramienta esencial para mejorar el desarrollo y la calidad de vida desde edades tempranas.
Estas medidas buscan reducir situaciones de dependencia, evitar desigualdades territoriales y garantizar apoyos personalizados a lo largo de todo el ciclo vital, consolidando un modelo centrado en la persona.
Accesibilidad, justicia y emergencias inclusivas
El documento incluye propuestas específicas para mejorar la accesibilidad en ámbitos clave como la administración digital, la justicia y la gestión de emergencias.
En el ámbito judicial, el CERMI-CV propone avanzar en la implantación de recursos como facilitadores procesales, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, lectura fácil, intérpretes y espacios adaptados.
El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
En materia de emergencias, la entidad reclama mejoras en la accesibilidad del servicio 112, en los sistemas de alerta pública y en los protocolos de actuación dirigidos a personas con discapacidad, incluidas aquellas con grandes necesidades de apoyo o situaciones de electrodependencia.
En este sentido, la plataforma advierte que
«la emergencia que no incluye a las personas con discapacidad desde el diseño no protege adecuadamente a toda la ciudadanía», y subraya que «la accesibilidad, la anticipación y los apoyos personalizados salvan vidas».
Salud, educación, vivienda y empleo
Las propuestas del CERMI-CV abarcan también áreas fundamentales como la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo y la movilidad.
En el ámbito sanitario, la entidad solicita reforzar la prestación ortoprotésica, especialmente en productos de apoyo a la movilidad como sillas de ruedas motorizadas, así como impulsar la Estrategia Valenciana de Daño Cerebral Adquirido y mejorar la formación de los profesionales en discapacidad.
En educación, el foco está en incrementar los apoyos especializados y consolidar un modelo de educación inclusiva con recursos suficientes.
En paralelo, se reclama un mayor esfuerzo inversor en la adaptación de viviendas, la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad universal, especialmente para colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, se plantean medidas para garantizar un transporte accesible y seguro, que permita a las personas con discapacidad desplazarse de forma autónoma y sin discriminación.
Fortalecer el Tercer Sector y mejorar la gestión pública
El CERMI-CV también pone el acento en la necesidad de reforzar la sostenibilidad del Tercer Sector de la discapacidad, destacando su papel esencial en la defensa de derechos, la innovación social y la colaboración con las administraciones públicas.
Según Luis Vañó, «sin un Tercer Sector fuerte, estable y suficientemente reconocido, las políticas públicas pierden capilaridad, conocimiento experto y conexión directa con la realidad».
Junto a las medidas económicas, la entidad propone ocho iniciativas programáticas orientadas a mejorar la gestión pública, entre ellas:
- la planificación estratégica
- la función pública inclusiva
- la valoración de la discapacidad
- la desinstitucionalización
- la atención a mujeres con discapacidad
El objetivo es incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de las políticas en la calidad de vida de las personas.
Finalmente, el CERMI-CV ha instado a todos los grupos parlamentarios a estudiar e incorporar sus propuestas al Proyecto de Presupuestos de 2026, defendiendo que la discapacidad debe ser entendida como «una política de país, transversal y alejada de la confrontación partidista».
Con esta iniciativa, la plataforma busca no solo reforzar los recursos, sino también garantizar un modelo de sociedad más inclusivo, equitativo y centrado en los derechos de todas las personas.
