Mandos especializados de la Policía Nacional estiman que unas 400.000 personas podrían haberse incorporado de forma irregular al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, al superar ampliamente el número de inmigrantes sin papeles que residían en España antes de la fecha límite.
La regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro del debate político. Según fuentes policiales especializadas consultadas por El Español, el número de solicitudes presentadas supera ampliamente las previsiones iniciales de los agentes encargados del control de Extranjería, lo que hace sospechar de un posible fraude de grandes dimensiones.
Las estimaciones manejadas por estos mandos apuntan a que antes del 1 de enero de 2026 residían en España alrededor de 850.000 inmigrantes en situación irregular, cifra que coincidía con el colectivo potencialmente beneficiario del proceso extraordinario de regularización.
Sin embargo, el volumen de solicitudes habría superado ya 1,3 millones, lo que supondría cerca de 400.000 peticiones adicionales respecto a las personas que, según los cálculos policiales, cumplían los requisitos establecidos.
La diferencia entre las previsiones y las solicitudes dispara las sospechas
Los especialistas de la Comisaría General de Extranjería consideran que esta diferencia resulta difícil de explicar únicamente por errores estadísticos o variaciones demográficas.
De confirmarse oficialmente estas cifras, una parte importante de los solicitantes habría llegado a España después de la fecha de referencia fijada por el Gobierno o habría presentado documentación presuntamente irregular para acreditar una residencia anterior.
No obstante, por el momento no existe una confirmación oficial de que esas 400.000 solicitudes sean fraudulentas. Se trata de una estimación realizada por fuentes policiales basada en la diferencia entre el número de inmigrantes irregulares previamente calculado y el volumen total de expedientes registrados.
La Policía queda fuera de la revisión documental
Uno de los aspectos que más preocupa entre los especialistas consultados es que la Policía Nacional no participará directamente en la fase de comprobación de la documentación presentada.
La verificación de los expedientes corresponderá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las oficinas de Extranjería dependientes de este departamento, que serán las encargadas de analizar la autenticidad de los documentos aportados por los solicitantes.
Un informe policial ya advirtió del elevado número de solicitudes
Según la información publicada, la Policía ya había elaborado meses atrás un informe interno firmado por el entonces comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete.
En ese documento se estimaba que la regularización podría alcanzar aproximadamente 1,25 millones de personas, una cifra muy cercana a la que finalmente se estaría registrando.
Además, el informe advertía del posible «efecto llamada», señalando que organizaciones dedicadas al tráfico de personas estaban difundiendo la medida en distintos países a través de redes sociales para incentivar nuevos desplazamientos hacia España.
Detectado un mercado negro de documentos
Los agentes especializados también alertaron de la aparición de redes dedicadas a facilitar documentación para acreditar una supuesta permanencia en España.
Entre los documentos ofertados figuraban presuntamente:
- Facturas de suministro de gas.
- Contratos o recibos telefónicos.
- Tickets y justificantes de diversa naturaleza.
Estas operaciones se habrían difundido principalmente mediante plataformas como Telegram e Instagram, donde se ofrecían pruebas documentales para intentar cumplir los requisitos exigidos por el proceso extraordinario.
También investigan declaraciones falsas sobre pérdida de pasaportes
Otra de las incidencias detectadas por los investigadores fue el incremento de inmigrantes que manifestaban haber perdido su pasaporte al iniciar los trámites.
Según informes policiales previos citados por el medio, algunos de estos casos corresponderían a personas que pretendían dificultar la comprobación de su identidad o de la fecha real de entrada en España, aunque será la investigación administrativa la que determine la veracidad de cada expediente.
El proceso continúa pendiente de la revisión de los expedientes
La regularización extraordinaria continúa ahora en la fase de análisis documental.
Será durante esta revisión cuando las autoridades competentes determinen cuántas solicitudes cumplen realmente todos los requisitos legales y cuántas pueden ser rechazadas por falta de acreditación o por la presentación de documentación no válida.
El volumen definitivo de beneficiarios solo se conocerá una vez finalice ese proceso de comprobación, por lo que las estimaciones difundidas hasta el momento no constituyen todavía un balance oficial del resultado de la regularización.
