El sector animalista se moviliza en la Plaza del Ayuntamiento contra la gestión de Juan Carlos Caballero, mientras la oposición denuncia la «mercantilización» y restricciones en el centro de Benimàmet.
VALENCIA. – Un millar de personas se concentraron este sábado a las 19:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para mostrar un rechazo unánime a la privatización de los centros de acogida de animales de Benimàmet y Nazaret. La movilización, convocada por la Coordinadora Animalista de la Comunidad Valenciana (CACV) —plataforma que engloba a más de ochenta protectoras de la región—, clamó bajo el lema “No a la mercantilización de la protección de los animales”.
El foco de la indignación ciudadana radica en la adjudicación de la gestión de los refugios a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por las firmas ADDA OPS, ATHISA y EUROSAN, cuya actividad principal está vinculada al control de plagas y la desratización. El tejido asociativo considera «incompatible» el ánimo de lucro y el fin social de estas corporaciones con el bienestar de la fauna urbana.
Un cambio de modelo envuelto en tribunales y sospechas penales
El conflicto estalló de forma efectiva el pasado 12 de junio, cuando concluyeron más de 25 años de gestión en manos de entidades de protección animal —los últimos quince a cargo de la protectora Modepran—. La exclusión de la entidad tradicional se produjo tras una polémica licitación que actualmente se encuentra en vía judicial, tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la propia protectora.
Durante la concentración, la presidenta de la CACV, Ángela Molina, procedió a la lectura de un manifiesto en el que alertó de la gravedad de la situación a nivel nacional:
«La preocupación y la indignación es máxima ante un nuevo modelo de gestión que mercantiliza la protección animal y se lucra con la vida de los animales. No se puede delegar el cuidado de seres sintientes a empresas bajo sospecha».
Los colectivos recordaron que la firma adjudicataria Athisa arrastra un controvertido historial en ciudades como Badajoz y otros puntos de la geografía española. Sobre el conglomerado de empresas que asumen el servicio pesan actualmente un total de ocho procesos penales abiertos en España por presunto maltrato y desatención animal.
Restricciones en Benimàmet: cita previa y cierre dominical
La gestión de la UTE ya ha empezado a recibir las primeras críticas vecinales y de usuarios en las redes sociales. Según denuncian las plataformas animalistas, el refugio de Benimàmet ha dejado de abrir los domingos, interrumpiendo el histórico día de mayor afluencia ciudadana para fomentar las adopciones.
Asimismo, se ha implantado la obligatoriedad de solicitar cita previa para iniciar cualquier proceso de adopción, una medida tildada de «barrera burocrática inédita» que dificulta la salida de los animales de las jaulas.
Tensión en el Pleno: el «y tú más» como respuesta política
Paralelamente, el pleno del Ayuntamiento de Valencia ratificó la continuidad del contrato de la UTE mediante una propuesta alternativa firmada por Juan Carlos Caballero, desestimando la moción de la exconcejala del área, Glòria Tello (Compromís), y el apoyo del PSPV-PSOE, quienes exigían revertir el servicio al sector público. Desde el entorno de AnimaNaturalis se tildó la medida de «irresponsabilidad» al priorizar el ahorro económico por encima del bienestar.
El debate plenario estuvo marcado por un tenso cruce de reproches. Caballero eludió valorar las críticas sobre el historial de maltrato de las adjudicatarias o las nuevas restricciones del centro de Benimàmet, y optó por la estrategia del «y tú más». El concejal popular recordó que bajo el mandato de Tello la firma Europea de Tratamientos Sanitarios S.L. —también dedicada al control de plagas— ya figuraba en los registros de recogida de animales en vía pública.
«Hemos hecho cumplir la ley. La externalización actual regulariza un escenario que rozaba la ilegalidad estructural y no podía continuar», aseveró Caballero.
La oposición tachó la defensa del gobierno local de «grandilocuente y vacía de contenido», lamentando que el consistorio valide un modelo estrictamente empresarial para un servicio que requiere de una sensibilidad social e institucional específica. Las entidades civiles, por su parte, advierten que no detendrán las movilizaciones hasta que la gestión de los refugios vuelva a ser pública o compartida con protectoras sin ánimo de lucro.
Loa animales están en el centro de la polémica y si bien sobre el papel se amplía el servicio, la realidad es que Modepran, la protectora que había llevado los recursos por más de 15 años ofrecía muchos mejores servicios que los que pedía el Ayuntamiento, ya que el bienestar animal estaba en el centro de sus acciones, ahora las empresas privadas buscan el beneficio empresarial y encima tienen sobre sí las sospechas de maltrato animal en otras partes de España que prestan servicios idénticos.
Catalá tiene un problema en cima de la mesa que su concejal Jaun Carlos Caballero y portavoz del Grupo Municipal del PP niega, y los animalistas comienzan a movilizarse por los animales que el Ajuntament de Valencia parece haber abandonado, ¿y ahora qué? ¿seguimos negando la mayor?.
