La protectora Modepran, que ya logró tumbar judicialmente un concurso idéntico hace dos años, denuncia que la nueva adjudicataria, la firma andaluza Athisa, cuenta con ocho procesos activos por desatención animal. La plantilla no será subrogada y se vetará a los voluntarios.
VALENCIA. — La gestión del bienestar animal en Valencia vuelve a entrar en una profunda crisis institucional y jurídica. La Sociedad Protectora de Animales Modepran, entidad que ha tutelado el refugio municipal de la ciudad durante los últimos quince años, ha anunciado la desestimación del recurso inicial que mantenía frenada la adjudicación del servicio. En cuestión de días, las instalaciones de la capital del Turia pasarán a manos de una Unión Temporal de Empresas (UTE) de carácter privado, cuya marca principal es Athisa, una corporación andaluza dedicada originalmente a la desratización, desinfección y el control de plagas.
Este escenario representa la culminación de un largo litigio que se remonta a hace dos años. En aquel momento, Modepran ya consiguió una victoria en los tribunales al paralizar judicialmente el anterior proceso de licitación. Aquella suspensión se ejecutó formalmente debido a un defecto de forma en los pliegos del concurso. Sin embargo, el trasfondo real que motivó la batalla legal de la protectora era idéntico al actual: la empresa que se perfilaba como ganadora arrastraba múltiples denuncias y sospechas por maltrato y desatención en otros centros de España.
Tras subsanarse aquellos errores administrativos, el Ayuntamiento de Valencia volvió a licitar el servicio. En esta ocasión, la empresa andaluza ha concurrido aliada en una UTE junto a otras dos firmas, logrando hacerse con el contrato municipal y materializando lo que el entorno animalista califica como «sus peores temores».
Un historial de expansión y polémica
Athisa no es una desconocida en el sector de la recogida de animales, un área de negocio que los colectivos de protección denuncian que se ha privatizado bajo criterios puramente económicos. La compañía andaluza ha expandido notablemente su división de gestión de centros zoológicos y perreras municipales, operando actualmente en diversas instalaciones de comunidades como Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
A lo largo de esta trayectoria de expansión, la firma ha acumulado fuertes críticas de colectivos locales en las regiones donde opera. El caso más reseñado por los usuarios y plataformas protectoras se sitúa en Badajoz, donde la gestión del centro local fue objeto de denuncias públicas y políticas debido a las condiciones de los animales alojados. Modepran sostiene que la mercantil acumula actualmente hasta ocho procesos activos por presuntas irregularidades ligadas al maltrato o la falta de cuidados básicos hacia los animales.
Declaraciones de la asesoría jurídica de Modepran
La gravedad de la situación ha quedado reflejada en las duras declaraciones de la abogada de la protectora saliente, quien detalla minuciosamente el impacto que tendrá este cambio de modelo, tanto para el tejido laboral como para el destino de los perros y gatos rescatados.
«Han desestimado el recurso inicial interpuesto y el Ayuntamiento de Valencia nos comunica que en pocos días, Modepran sale del refugio y entra a gestionarlo una unión de varias empresas privadas, una de ellas con 8 procesos activos por maltrato animal: Athisa», confirma de manera tajante la letrada.
«Ni en nuestras peores pesadillas imaginábamos este escenario, los animales del refugio de Valencia quedarán en manos de los intereses privados de 3 empresas desratizadoras sin ningún afán de protección de los animales», añade con gravedad.
Uno de los puntos más espinosos del conflicto radica en el futuro de los trabajadores que hasta ahora operaban en el centro de Valencia. A pesar de que la legislación laboral ampara la continuidad de los equipos en los cambios de contratas públicas, la UTE ganadora ha rechazado mantenerlos.
«No admiten la subrogación de los trabajadores actuales, pese a que es obligatorio por ley. Trabajadores que han dado la vida por que los animales tuvieran una vida digna y que se van a la calle, gente comprometida con los animales y con años de experiencia en gestionar un refugio», asevera la abogada de la entidad.
Respecto a los motivos detrás de este rechazo, la letrada se muestra rotunda: «Nosotras tenemos clara la razón: saben que no callarán ante lo que todos sabemos que va a pasar allí dentro, porque ha pasado ya en varios refugios de España gestionados por esta empresa».
El fin del voluntariado y la fiscalización ciudadana
Al margen de la vertiente laboral, el nuevo rumbo del refugio plantea un vacío absoluto en cuanto a la transparencia. El modelo de gestión empresarial privada y con ánimo de lucro choca directamente con la participación de personal civil voluntario. Al extinguirse el convenio con una ONG (Modepran) y entrar en vigor un contrato mercantil, la figura del voluntariado queda jurídicamente excluida, ya que las empresas privadas no pueden disponer de mano de obra no remunerada según la normativa laboral estándar.
Esto significa que las decenas de personas que acudían diariamente a pasear, sociabilizar, peinar o dar apoyo afectivo a los animales ya no podrán acceder al recinto. Las asociaciones del sector advierten que la eliminación de los voluntarios supone, en la práctica, levantar un muro de opacidad que impedirá saber en qué condiciones reales se encontrarán los animales en el día a día.
Reacciones y resistencia en el sector animalista
La comunidad protectora de la Comunidad Valenciana ha cerrado filas en torno a Modepran. Entidades como la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) han emitido duros comunicados exigiendo que el bienestar de los seres vivos prevalezca sobre la optimización de los presupuestos municipales. Argumentan que los criterios de adjudicación de estos concursos públicos suelen premiar de forma desproporcionada la baja económica (el precio más barato por servicio), lo que aboca a que empresas de control de plagas consigan batir en puntuación a las asociaciones sin ánimo de lucro.
Por su parte, la ciudadanía ha iniciado movilizaciones virtuales. Se preparan campañas internacionales de recogida de firmas en portales como Change.org y ya se coordina un fondo solidario para dotar de músculo financiero a los servicios jurídicos de la protectora.
Desde Modepran han querido trasladar un mensaje de resistencia. Aunque asumen con dolor que la salida de las instalaciones de Valencia es inminente por mandato administrativo, el equipo legal ya prepara nuevas acciones judiciales por la vía de lo contencioso para intentar anular el concurso y forzar la subrogación de la plantilla. Mientras tanto, la entidad continuará canalizando su actividad de rescate y adopciones éticas desde su otro centro de operaciones ubicado en la localidad valenciana de Carlet.
