La investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados a cuarteles de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana entra en su fase decisiva con un movimiento inesperado del principal investigado: el teniente coronel del Ejército Miguel Ángel T. ha solicitado comparecer ante el juzgado después de haber permanecido en silencio desde el inicio del procedimiento en 2022.
El caso, que durante años ha avanzado lejos de los grandes focos mediáticos, analiza supuestas irregularidades relacionadas con obras de reforma, adquisición de material, gastos de intendencia y pago de dietas en diferentes dependencias de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana.
Una investigación iniciada en 2022
Las diligencias comenzaron tras la detención del mando militar en septiembre de 2022 y se centran en la gestión económica desarrollada durante los años en los que ejerció funciones de interventor en la VI Zona de la Guardia Civil en Valencia.
Según la investigación, parte de los fondos públicos destinados al mantenimiento y mejora de instalaciones podrían haber sido desviados mediante el incremento artificial del importe de determinados contratos y adjudicaciones.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que algunos presupuestos y certificaciones de obra habrían sido inflados deliberadamente para generar sobrecostes que posteriormente permitirían distraer parte del dinero público hacia cuentas privadas o personas vinculadas al entorno del investigado.
Obras, material y gastos bajo sospecha
Las pesquisas abarcan actuaciones relacionadas con:
- Reformas y mantenimiento de cuarteles.
- Compra de material técnico y equipamiento.
- Gastos de oficina y suministros.
- Dietas y otros pagos vinculados a la actividad ordinaria de las instalaciones.
Para esclarecer las posibles irregularidades, el juzgado encargó informes periciales a varios arquitectos con el objetivo de determinar si los importes abonados se ajustaban a los precios reales de mercado.
Los expertos han analizado una decena de adjudicaciones consideradas especialmente relevantes dentro de la investigación.
Un cambio de estrategia procesal
Después de casi cuatro años sin prestar declaración judicial, el principal investigado ha solicitado ahora comparecer ante el instructor para ofrecer explicaciones sobre algunos de los extremos recogidos en el procedimiento.
La decisión llega cuando la investigación afronta su recta final y pocos días antes de que expire el plazo inicialmente previsto para la instrucción.
No se descarta que la comparecencia pueda derivar en nuevas diligencias o incluso en una ampliación del periodo de investigación si el juzgado considera necesario practicar nuevas pruebas.
La investigación alcanza a familiares y colaboradores
La causa no se limita únicamente al militar investigado. Diversos familiares y personas de su entorno también figuran en el procedimiento como investigados por su posible participación o beneficio derivado de las operaciones bajo sospecha.
Los investigadores tratan de determinar el recorrido del dinero y la posible existencia de una estructura destinada a ocultar el origen de determinados ingresos.
La recta final de una de las investigaciones menos conocidas de la Comunitat
Aunque el caso ha pasado relativamente desapercibido frente a otras investigaciones por corrupción desarrolladas en España durante los últimos años, su alcance afecta a la gestión de fondos públicos destinados a infraestructuras y servicios esenciales de la Guardia Civil.
La declaración solicitada por el teniente coronel podría convertirse en uno de los últimos movimientos relevantes antes de que el juzgado decida si existen indicios suficientes para abrir juicio oral o archivar parte de las actuaciones.
La causa afronta así una fase clave en la que se determinará si las supuestas irregularidades administrativas constituyeron simples errores de gestión o si, por el contrario, existió un mecanismo organizado para desviar dinero público destinado a los cuarteles de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana.
