La Generalitat Valenciana ha anunciado que recurrirá a los tribunales si el Gobierno central mantiene el proyecto de real decreto que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre. El Consell considera que la reforma introduce cambios de gran calado sin modificar la Ley de Costas y advierte de que podría generar una importante inseguridad jurídica para propietarios, empresas y administraciones del litoral.
El conflicto gira en torno al nuevo criterio que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para fijar el deslinde de la costa, una modificación que la Generalitat considera desproporcionada y carente de respaldo técnico suficiente.
El cambio que enfrenta al Gobierno y la Generalitat
Según denuncia el Ejecutivo valenciano, el nuevo decreto pretende modificar la forma en que se determina el límite del dominio público marítimo-terrestre.
Hasta ahora, el criterio utilizado tiene en cuenta el punto alcanzado por las olas durante los mayores temporales conocidos cuando estos se han producido de forma reiterada.
Sin embargo, el nuevo texto permitiría que un único episodio excepcional de temporal sirviera para modificar ese deslinde.
La Generalitat considera que este cambio supone una alteración sustancial del modelo vigente y rompe con un criterio técnico consolidado durante décadas.
El Consell habla de «inseguridad jurídica»
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, sostiene que la propuesta genera una gran inseguridad jurídica porque permitiría alterar el límite del dominio público basándose en fenómenos extraordinarios.
A juicio del responsable autonómico, una decisión de esta trascendencia no debería adoptarse mediante un reglamento, sino a través de una reforma legal debatida en las Cortes Generales.
La Generalitat insiste en que cualquier modificación que afecte a miles de propietarios, al urbanismo y a la actividad económica del litoral debe apoyarse en criterios estables, objetivos y repetidos en el tiempo.
La comparación con la dana de 2024
Para explicar su postura, el Consell utiliza como ejemplo las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024.
Según expone la Generalitat, aplicar el mismo razonamiento supondría considerar automáticamente como dominio público hidráulico todos los terrenos que quedaron inundados durante aquel episodio extraordinario.
El Ejecutivo valenciano considera que una interpretación de ese tipo sería contraria a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica y sostiene que el mismo criterio debe aplicarse al litoral.
Alegaciones ya presentadas al Ministerio
La Generalitat ya ha trasladado formalmente sus alegaciones durante la tramitación del proyecto.
Entre las principales peticiones figura mantener el sistema actual de delimitación, basado en temporales repetidos y no en episodios aislados.
Además, cuestiona que el nuevo decreto permita utilizar datos procedentes de boyas, satélites u otras fuentes oceanográficas sin definir indicadores suficientemente objetivos y homogéneos, lo que, a su juicio, podría aumentar la discrecionalidad administrativa en futuros deslindes.
Un posible impacto sobre viviendas, urbanismo y actividad económica
El Consell advierte de que la modificación podría tener consecuencias importantes para numerosos municipios del litoral valenciano.
La Comunitat Valenciana cuenta con uno de los frentes costeros más extensos de España, donde conviven zonas residenciales, espacios turísticos, actividades económicas y áreas naturales protegidas.
Por ello, la Generalitat defiende que la protección del dominio público marítimo-terrestre debe compatibilizarse con la seguridad jurídica, la planificación urbanística y el desarrollo sostenible.
La vía judicial, sobre la mesa
La Generalitat asegura que seguirá intentando que el Ministerio rectifique el contenido del decreto durante su tramitación.
No obstante, si finalmente el Gobierno aprueba el texto sin introducir cambios, el Consell ha anunciado que defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana «en todas las instancias», incluida la vía judicial.
El enfrentamiento abre un nuevo frente entre ambas administraciones en torno a la gestión del litoral y anticipa un debate que podría terminar resolviéndose en los tribunales si no se alcanza un acuerdo durante la tramitación definitiva de la norma.
