Los juzgados de Castellón investigan a tres personas por su presunta implicación en distintos incendios forestales registrados en las últimas semanas en los municipios de Soneja, Atzeneta del Maestrat y Sant Mateu. Las investigaciones, desarrolladas por la Guardia Civil, podrían derivar en importantes sanciones económicas, además de responsabilidades civiles y penales.
Según recuerdan las autoridades, las infracciones relacionadas con incendios forestales pueden conllevar multas de hasta 600.000 euros, además de la obligación de asumir los costes de extinción y los daños ocasionados si así lo determina la autoridad judicial.
Tres incendios bajo investigación
Los casos investigados corresponden a tres incendios de origen presuntamente humano ocurridos en diferentes puntos de la provincia de Castellón.
El primero tuvo lugar el 13 de junio en una parcela agrícola de Soneja, muy próxima al casco urbano. Según la investigación, el fuego habría sido provocado mediante el uso de un producto acelerante que favoreció la propagación de las llamas.
El segundo corresponde a un incendio declarado el 20 de junio junto a la carretera que une L’Alcora con Cortes de Arenoso, en el término municipal de Atzeneta del Maestrat.
El tercer caso se produjo en Sant Mateu, donde una hoguera presuntamente encendida por una persona terminó propagándose hasta alcanzar una zona forestal.
El incendio de Soneja generó alarma por su proximidad al núcleo urbano
En el incendio de Soneja ardieron alrededor de 45 metros cuadrados de terreno.
Aunque la superficie afectada fue reducida, la Guardia Civil destaca que el fuego provocó una importante alarma social debido a su cercanía a las viviendas del municipio.
La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) permitió identificar a un hombre de 64 años, que está siendo investigado como presunto responsable del incendio.
Un verano marcado por el elevado riesgo de incendios
El incendio investigado en Soneja se produjo apenas unas semanas antes del gran fuego declarado el 5 de julio en el mismo municipio.
Aquel incendio tuvo consecuencias mucho más graves, ya que arrasó 183 hectáreas, obligó a desalojar a los vecinos de Azuébar y movilizó un amplio dispositivo formado por 17 medios aéreos y más de 200 efectivos de emergencias.
Multas de hasta 600.000 euros y posibles responsabilidades penales
La Guardia Civil recuerda que provocar un incendio forestal puede acarrear importantes consecuencias legales.
Además de sanciones administrativas que pueden alcanzar los 600.000 euros, los responsables también podrían enfrentarse a responsabilidades civiles y penales y, en determinados casos, asumir el coste de las labores de extinción y de los daños ocasionados.
Las tres personas investigadas mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad en los hechos.
