La jueza instructora concluye la investigación sobre la red presuntamente liderada por un teniente coronel que infló presupuestos hasta un 200% para su beneficio personal.
VALENCIA.— La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra 14 personas investigadas por presuntas irregularidades y sobrecostes en contratos de mantenimiento y reforma de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana entre los años 2018 y 2022.
Con este fallo se da por finalizada la fase de instrucción y se da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral. Entre los procesados destacan un teniente coronel —quien fuera interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) en la 6ª Zona del Instituto Armado—, otro agente de la Guardia Civil y diversos empresarios del sector.
La magistrada atribuye a los implicados indicios de la posible comisión de seis delitos:
-
Malversación de fondos públicos.
-
Prevaricación.
-
Cohecho.
-
Falsedad documental.
-
Tráfico de influencias.
-
Pertenencia a grupo criminal.
En el mismo auto, fechado el pasado 20 de julio, la instructora ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para otros dos investigados al no hallar pruebas suficientes en su contra. La resolución aún puede ser recurrida en reforma o apelación.
Un entramado de favorecimiento y sobrecostes del 200%
De acuerdo con las diligencias practicas, el teniente coronel procesado aprovechó su cargo estratégico y la confianza de sus superiores para articular una «red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública de la Guardia Civil».
Los informes remitidos por la Agencia Valenciana Antifraude y la unidad de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Benemérita revelan un patrón sistemático de irregularidades:
-
Fraccionamiento ilícito de contratos: División de facturas para esquivar los controles administrativos obligatorios.
-
Adjudicación a dedo: Concesión reiterada de proyectos públicos a sociedades vinculadas a un mismo empresario.
-
Abultamiento de facturas: Cobros por montos muy superiores al coste real de las intervenciones (con sobrecostes que en algunos casos alcanzaron el 200%) e incluso el cobro de obras que nunca se llegaron a ejecutar.
El quebranto económico total para las arcas públicas se calcula en decenas de miles de euros.
Obras privadas pagadas con dinero público
La resolución judicial describe el esquema como una «supuesta red de corrupción sistémica» cuyo fin principal era el enriquecimiento patrimonial del mando militar. Según la investigación, el teniente coronel habría reformado su vivienda privada en la localidad valenciana de Siete Aguas utilizando a las mismas empresas que resultaban adjudicatarias de las obras públicas de la Guardia Civil.
Asimismo, el auto advierte sobre una acusada opacidad financiera en la adquisición de varias propiedades por parte del principal encausado, mediante pagos en efectivo sin trazabilidad bancaria ni respaldo documental sobre el origen de los fondos.
