El magistrado Fernando Portillo, con una década de experiencia en Melilla, considera que la solución a la crisis migratoria vivida en Ceuta depende, en gran medida, de la colaboración de Marruecos. En una entrevista televisiva explicó que el Estado español dispone de herramientas legales para tramitar las devoluciones, pero advirtió de que, sin la cooperación del país vecino, será muy difícil ejecutarlas.
La emergencia nacional no resolvería el problema
Preguntado por la posibilidad de declarar la emergencia nacional, Portillo señaló que esa figura jurídica no cambiaría la situación, ya que la inmigración y la extranjería son competencias exclusivas del Estado.
A su juicio, el Gobierno ya dispone de todas las herramientas necesarias para actuar, por lo que el debate sobre la denominación jurídica de la crisis no modifica realmente la capacidad de respuesta del Ejecutivo.
El Estado puede iniciar las devoluciones
El magistrado recordó que las personas que han entrado de forma irregular siguen sujetas a la legislación de extranjería y, por tanto, el Gobierno puede iniciar los procedimientos de devolución previstos en la ley.
Sin embargo, explicó que la reciente interpretación del Tribunal Supremo impide aplicar el rechazo inmediato en frontera a quienes acceden por mar, obligando a tramitar un expediente administrativo individual para cada persona.
El gran obstáculo: gestionar miles de expedientes
Portillo advirtió de que el principal problema será la capacidad administrativa.
Según explicó, identificar a decenas de miles de personas, muchas de ellas sin documentación, iniciar los expedientes y completar todos los trámites requerirá un volumen de recursos muy superior al disponible actualmente.
Aunque el procedimiento está diseñado para ser rápido en situaciones normales, considera muy complicado gestionar decenas de miles de expedientes en un plazo reducido.
«Si Marruecos quiere, entran; si Marruecos no quiere, no entran»
El magistrado fue especialmente contundente al analizar el papel de Marruecos.
Afirmó que, según la experiencia acumulada durante años por jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla, la existencia o no de entradas masivas depende de la voluntad de las autoridades marroquíes.
«Si Marruecos quiere, entran. Si Marruecos no quiere, no entran», resumió, insistiendo en que la relación diplomática entre ambos países será decisiva para resolver la crisis.
Las devoluciones dependen de la colaboración marroquí
Aunque Marruecos habría mostrado verbalmente su disposición a aceptar las devoluciones, Portillo pidió prudencia.
Recordó que esos retornos no podrán ejecutarse de forma inmediata y que habrá que comprobar si esa colaboración se mantiene cuando comiencen a resolverse miles de expedientes administrativos durante los próximos meses.
Boyas en el mar: una posible solución legal
Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de instalar elementos físicos de contención en el mar, como boyas o barreras flotantes.
El magistrado considera que esa medida podría permitir volver a aplicar el rechazo inmediato en frontera a quienes accedan por vía marítima, ya que la propia interpretación del Tribunal Supremo se basa en la ausencia de una barrera física en el mar.
Respuesta a las declaraciones de Pedro Sánchez
Las declaraciones de Fernando Portillo llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyera la avalancha migratoria a la difusión, por parte de las mafias dedicadas al tráfico de personas, de una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera.
Para el magistrado, además de aplicar los procedimientos legales previstos, la clave para resolver la situación seguirá siendo la cooperación efectiva entre España y Marruecos, ya que considera que el control de las entradas masivas depende, en última instancia, de la actuación de las autoridades marroquíes.
