El pacto contempla el desarrollo de 17 yacimientos y más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, con una participación mayoritaria estadounidense y una vigencia de 25 años
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, han anunciado un acuerdo energético de gran alcance que redefine la relación entre ambos países y coloca nuevamente al petróleo venezolano en el centro de la agenda internacional.
Participación estadounidense en 17 yacimientos petrolíferos y más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.
Esta cantidad representa aproximadamente el 21,5% de las reservas probadas de Venezuela, estimadas en unos 303.000 millones de barriles por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
El volumen comprometido también resulta significativo si se compara con las reservas estadounidenses.
Los más de 65.000 millones de barriles mencionados en el acuerdo equivalen a aproximadamente el 141% de las reservas probadas de crudo y condensado de Estados Unidos, que al cierre de 2024 se situaban en torno a los 46.000 millones de barriles.
Trump ha sido el primero en anunciarlo calificando como:
Trump: “el mayor acuerdo petrolero de la historia”
Según explicó, las negociaciones estuvieron dirigidas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con Delcy Rodríguez y representantes de empresas privadas.
Un acuerdo con una vigencia de 25 años
Rodríguez ha ofrecido posteriormente nuevos detalles sobre las características económicas y productivas del convenio.
Según la presidenta encargada venezolana, el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y establece como objetivo alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
La mandataria ha señalado que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia destinada a recuperar la industria petrolera venezolana y convertir al país en una potencia energética.
En este proceso también participarían grandes compañías internacionales como:
Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP
La dimensión económica del proyecto también es considerable. Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, la presidenta venezolana calcula que el país podría recibir aproximadamente 209.335 millones de dólares a lo largo del periodo contemplado por el convenio.
Rodríguez ha explicado qu:
en términos concretos, cerca de 19 dólares de cada barril producido y vendido ingresarían directamente en las arcas venezolana
El Gobierno considera que estos recursos podrían desempeñar un papel relevante en la recuperación económica del país después de años de dificultades en su sector energético.
Venezuela reivindica la soberanía sobre el petróleo
Uno de los puntos destacados por Delcy Rodríguez ha sido la defensa de la propiedad venezolana sobre los recursos naturales.
La mandataria ha insistido en que, pese a la participación estadounidense:
“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”
Según su explicación, el acuerdo se basa en que cada parte aporte aquellos elementos en los que posee mayores capacidades.
Estados Unidos contribuiría con capital, tecnología y capacidad operativa, mientras que Venezuela mantendría la propiedad de sus recursos petroleros.
Rodríguez ha presentado esta cooperación como una vía para acelerar la recuperación de una industria estratégica que ha sufrido un fuerte deterioro durante los últimos años y que también se ha visto afectada por las sanciones internacionales.
La presidenta interina ha defendido además la necesidad de transparencia en torno al funcionamiento del proyecto.
En este sentido, ha señalado que los venezolanos deben conocer cuánto dinero se invierte, cuánto petróleo se produce, qué ingresos recibe el Estado y cuáles son las condiciones establecidas para las empresas operadoras.
El proyecto contempla asimismo el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región petrolera que supera los 55.000 kilómetros cuadrados y se encuentra situada en el este y centro-este de Venezuela.
Estos bloques contarían con regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, unas condiciones que, según Rodríguez, permitirían generar ingresos suficientes para impulsar la recuperación económica del país.
Una participación mayoritaria para Estados Unidos
Los detalles difundidos posteriormente por funcionarios estadounidenses apuntan a una estructura de control especialmente relevante. Este sábado, un funcionario estadounidense declaró a la cadena CBS que el acuerdo incluiría una concesión de 100 años para una empresa conjunta privada.
De acuerdo con esta versión:
el Gobierno de Estados Unidos controlaría el 55% de la compañía conjunta
Esta participación se repartiría entre la posición accionarial en el proyecto y la capacidad de obtener petróleo a precio de coste.
Más allá de sus condiciones concretas, el pacto supone una apuesta de gran magnitud por recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana.
Para Washington, el acceso a una de las mayores reservas de crudo del mundo representa una oportunidad estratégica, mientras que Caracas busca atraer inversiones, tecnología y financiación para reactivar un sector fundamental para su economía.
La dimensión del acuerdo también convierte al petróleo venezolano en un elemento central de la nueva relación entre ambos países.
Los más de 65.000 millones de barriles incluidos en el proyecto representan una cantidad extraordinaria de recursos energéticos, tanto por su peso dentro de las reservas venezolanas como por su comparación con las reservas estadounidenses.
Ahora, el futuro del pacto dependerá de su implementación, de las condiciones definitivas de las inversiones y de la capacidad de las partes para convertir los compromisos anunciados en producción efectiva.
Para Venezuela, el desafío será aprovechar los nuevos recursos sin perder el control sobre su principal activo estratégico; para Estados Unidos, garantizar que la inversión y la participación obtenida se traduzcan en un suministro petrolero estable y rentable.
El acuerdo abre así una nueva etapa en el sector energético venezolano y podría tener importantes consecuencias económicas y geopolíticas en los próximos años.
