El Gobierno podría aprobar nuevos decretos y someterlos a este órgano durante el periodo electoral. El reparto de representantes ofrece una posible mayoría sin Junts, aunque exige reunir todos los apoyos y justificar la urgencia de las medidas.

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre no cierra todas las posibilidades de aprobar medidas de vivienda antes de las urnas. Una vez disueltas las Cortes, la Diputación Permanente del Congreso conserva la capacidad de convalidar o derogar los decretos leyes que apruebe el Gobierno.

Esa función ha situado a este órgano en el centro del debate tras el rechazo parlamentario de los dos decretos de vivienda. El Ejecutivo podría intentar recuperar sus medidas mediante nuevos textos, pero la disolución del Congreso no devuelve la vigencia a los decretos rechazados ni garantiza una votación favorable.

Quién controla los decretos durante el periodo electoral

La Diputación Permanente mantiene determinadas funciones parlamentarias hasta que se constituye el nuevo Congreso. Su existencia evita que la disolución de las Cámaras deje al Gobierno sin control en decisiones urgentes.

Entre sus competencias está pronunciarse sobre los decretos leyes. Se trata de un procedimiento previsto constitucionalmente, aunque limitado: no sustituye al Congreso en toda su actividad ni se convierte en Gobierno después de las elecciones.

En este escenario, el Consejo de Ministros seguiría siendo el encargado de aprobar los nuevos decretos. La Diputación Permanente decidiría después si los convalida o los deroga.

Por qué Junts podría dejar de ser decisivo

El interés político de esta vía está en la composición del órgano. Su tamaño reducido puede producir una mayoría diferente a la del pleno en votaciones muy ajustadas.

El reparto publicado para la legislatura contempla 68 representantes, además de la presidenta del Congreso. El PP cuenta con 27 puestos; el PSOE, con 24; Vox y Sumar, con seis cada uno. ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto tienen un representante cada uno.

Con ese reparto y contando a Francina Armengol, una suma de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el representante del Mixto podría alcanzar 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

Es una mayoría posible, no un acuerdo confirmado. Depende de que todos esos representantes respalden los textos y de que se mantenga la composición señalada.

Junts seguiría participando en la votación, pero su rechazo podría no bastar para impedir la convalidación. El Gobierno necesitaría, en cambio, conservar todos los demás apoyos de esa suma.

Qué tendría que hacer el Ejecutivo

Los decretos rechazados por el pleno no pasan automáticamente a la Diputación Permanente. Para recuperar las medidas, el Gobierno tendría que aprobar nuevos decretos leyes.

Además de publicar los textos, debería justificar su extraordinaria y urgente necesidad, requisito que permite utilizar este instrumento legislativo.

La reproducción de medidas que el Congreso acaba de rechazar abriría una controversia jurídica y política. Habría que examinar el contenido de los nuevos decretos, las circunstancias alegadas y el respeto al control parlamentario. Contar con votos suficientes no resuelve por sí solo esas cuestiones.

Qué significa el plazo de treinta días

Un decreto ley no necesita esperar a su convalidación para comenzar a aplicarse. Su entrada en vigor depende de la fecha que establezca el texto publicado.

Los treinta días son el plazo para someterlo al pronunciamiento parlamentario. Durante ese periodo puede producir efectos, aunque después sea rechazado.

Por ello, unas nuevas medidas de vivienda podrían comenzar a aplicarse antes de las elecciones. Sin embargo, para saber a quién protegerían sería imprescindible leer sus condiciones: una suspensión de determinados desahucios no equivale necesariamente a paralizar todos los desahucios o todas las ejecuciones hipotecarias.

Una hipótesis política pendiente de decisiones concretas

El analista José Vizner ha planteado que el Gobierno podría aprovechar esta vía para recuperar las medidas y presentar su aprobación como un éxito durante la campaña.

La hipótesis se apoya en una competencia real de la Diputación Permanente y en una posible suma de votos. Lo que no demuestra es que esa operación esté acordada o que haya sido el motivo determinante del adelanto electoral.

Para las personas pendientes de una medida de protección de vivienda, la diferencia es concreta: el anuncio de elecciones no modifica por sí mismo su situación jurídica. Cualquier nueva protección dependerá de que se apruebe un texto, entre en vigor y se cumplan los requisitos que establezca.