El Consell despliega una estrategia para frenar los procedimientos promovidos por el Gobierno central que combina recursos administrativos y judiciales, la nueva Ley Valenciana de Costas y la reclamación de obras de regeneración. Más de una veintena de municipios tienen procedimientos abiertos.
La Generalitat ha presentado ya 35 recursos contra los deslindes promovidos por el Gobierno de España en diferentes puntos de la costa valenciana, dentro de una estrategia con la que pretende defender los municipios afectados y proporcionar seguridad jurídica a propietarios y actividades situadas junto al litoral.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, cifra en aproximadamente 70 kilómetros de costa la superficie afectada por los diferentes procedimientos impulsados por la Administración central.
La Generalitat asegura que recurrirá los deslindes que considere perjudiciales para los intereses valencianos y acompañará a ayuntamientos, asociaciones y vecinos mediante informes técnicos, alegaciones y recursos.
¿Qué es un deslinde y por qué genera conflicto?
El deslinde es el procedimiento mediante el cual la Administración determina jurídicamente dónde termina la propiedad privada y comienza el dominio público marítimo-terrestre.
Su delimitación puede tener consecuencias importantes para viviendas, negocios, terrenos e instalaciones situados junto al mar, puesto que determina qué espacios quedan incluidos dentro del dominio público y qué régimen jurídico se aplica sobre ellos.
La Generalitat cuestiona los criterios utilizados en algunos de los procedimientos actualmente en marcha.
Martínez Mus sostiene que un único temporal excepcional no debería utilizarse para modificar permanentemente los límites de la costa y reclama que cualquier cambio se apoye en series históricas, criterios técnicos, datos objetivos y parámetros científicos verificables.
Más de una veintena de municipios afectados
La batalla afecta a buena parte del litoral de las tres provincias.
Entre los municipios en los que se han presentado alegaciones figuran Dénia, Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, Valencia, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Bellreguard, Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa.
En Elche y Guardamar del Segura existen también problemas relacionados con la regresión del litoral, aunque la intervención autonómica se plantea en estos casos a través del desarrollo de la normativa valenciana.
Tres frentes para defender la costa
El plan planteado por la Generalitat se apoya en tres grandes líneas.
La primera consiste en reclamar la ejecución de las obras de protección y regeneración costera pendientes, algunas de ellas planteadas desde hace una década y de las que, según el Consell, más de la mitad continúan sin ejecutarse.
La segunda es la vía jurídica, mediante recursos y alegaciones contra los deslindes.
Y la tercera será el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, con la que el ejecutivo autonómico pretende establecer su propio marco de actuación dentro de las competencias de la Generalitat.
La Generalitat rechaza también la reforma del Reglamento de Costas
El conflicto no se limita a los deslindes concretos.
El Consell mantiene su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas del Gobierno central porque considera que determinados cambios podrían generar inseguridad jurídica y afectar a residentes, empresas y municipios costeros.
La posición de la Generalitat es compatibilizar la protección medioambiental con la defensa de los núcleos existentes, la regeneración de playas y la recuperación del equilibrio sedimentario.
La dimensión del conflicto es considerable: más del 70% de la población valenciana reside a menos de diez kilómetros del mar, según los datos manejados por el Consell.
Con 35 recursos ya presentados y unos 70 kilómetros afectados por diferentes procedimientos, la delimitación del dominio público marítimo-terrestre se convierte así en un nuevo frente institucional entre la Generalitat y el Gobierno central por el futuro de la costa valenciana.
