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El ‘holding’ del empresario Sergi Vélez, pareja de la dirigente socialista Montse Mínguez, maneja un conglomerado con decenas de inmuebles, empresas constructoras y sociedades opacas.
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Pese a abanderar el ataque frontal a los «fondos buitre», la formación se topa en sus propias filas con ejecuciones de desahucios por impago y un apagón digital exprés para ocultar el entramado.
MADRID. — La distancia entre la trinchera moralista de la política y la cruda realidad del mercado inmobiliario ha vuelto a saltar por los aires en las entrañas del Partido Socialista. Quien durante meses ha elevado la voz para dictar lecciones sobre la vivienda pública, señalando a supuestos «especuladores» y arremetiendo contra el libre mercado como un villano social, asiste hoy al desmoronamiento de su propio relato. La portada mediática ha destapado que la pareja de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, encabeza un agresivo entramado de alquileres, promociones y desahucios.
El protagonista del entramado mercantil es Sergi Vélez, empresario del ladrillo y pareja sentimental de la portavoz. Lejos de la retórica socialista que aboga por desincentivar la acumulación de inmuebles en manos privadas y proteger ciegamente al inquilino frente a la propiedad, el entorno más íntimo de la dirigente atesora un imperio inmobiliario de gran envergadura.
Un entramado de decenas de pisos, empresas constructoras y ejecuciones de desahucio
A través de la matriz Nest Capital y sociedades filiales como Nest Capital Homes —con sede en Lérida y unos activos que superan los 8,4 millones de euros—, Vélez gestiona al menos 30 pisos y apartamentos destinados al alquiler residencial. La estructura del grupo no se detiene en la gestión patrimonial: el empresario figura como propietario, CEO o consejero delegado en hasta once sociedades, entre las que se cuentan cuatro firmas dedicadas en exclusiva al arrendamiento inmobiliario y otras cuatro constructoras e inversoras. A ello se le suman ramificaciones en negocios de restauración, alquiler de embarcaciones de lujo e incluso vínculos en jurisdicciones offshore como Panamá.
| Estructura Patrimonial y Negocio | Detalles y Cifras Clave |
| Entramado Mercantil | Grupo Nest Capital (11 sociedades vinculadas) |
| Activos Inmobiliarios | Más de 8,4 millones de euros en activos (6,3 M€ en inversión contable inmobiliaria) |
| Parque de Viviendas | Mínimo 30 pisos y apartamentos en alquiler |
| Procedimientos Judiciales | Múltiples demandas por impago y la ejecución de varios desahucios a inquilinos |
| Propiedades de la Portavoz | La propia Mínguez declara la titularidad de tres inmuebles |
Lo verdaderamente demoledor para el discurso del Gobierno no es solo la acumulación de ladrillo, sino la praxis comercial ejercida. Mientras desde la tribuna pública el PSOE acusa a los arrendadores de pervertir el derecho a la vivienda, las empresas de la pareja de la portavoz no han dudado en acudir de forma reiterada a la vía judicial para instar procedimientos de desahucio y desalojo de aquellos inquilinos que no han podido hacer frente al pago de la renta. Las sociedades han llegado a mantener hasta tres procesos de lanzamiento simultáneos en los juzgados.
La maniobra del apagón digital tras destaparse el caso
La reacción del entorno empresarial tras saltar el escándalo a la luz pública no ha hecho sino incrementar la sospecha. En una maniobra a la desesperada para frenar el reguero de informaciones, el grupo inmobiliario procedió a un acelerado apagón digital: la página web corporativa fue clausurada repentinamente y las cuentas del empresario en redes sociales desaparecieron del mapa.
Este intento de borrar el rastro en la red contrasta con la habitual transparencia de la que presume el Ejecutivo al exigir cuentas al sector privado, evidenciando un intento deliberado de ocultar la magnitud del negocio tras el impacto mediático.
Ataques a la prensa y victimismo para eludir responsabilidades
Interpelada en rueda de prensa por este escandaloso contraste entre su predicamento político y sus finanzas personales, la reacción de la portavoz ha rozado el esperpento antidemocrático. En lugar de dar explicaciones convincentes o asumir la evidente incoherencia ideológica de su discurso, la dirigente ha optado por enrocarse en el victimismo y la descalificación.
«Es un ataque personal. Es juego sucio de la prensa y de sectores fascistas que solo buscan destruir al Gobierno.»
Lejos de pedir disculpas o aclarar el funcionamiento de las empresas de su pareja, la portavoz recurrió al comodín del ataque al mensajero. Al calificar las preguntas legítimas de los periodistas de «juego sucio» y tachar de «fascistas» a las cabeceras informativas que han destapado el caso, la dirigente socialista evidencia un severo tics autoritario y un profundo desprecio por la labor de fiscalización de los medios de comunicación.
La paradoja no puede ser más hiriente para la ciudadanía: el mismo partido que pretende controlar precios y señalar a los propietarios, alberga en el núcleo de su portavocía a una cúpula enriquecida con el alquiler privado y la ejecución de desahucios. Una muestra flagrante de doble moral donde la consigna del «vivienda para la gente y no para especular» se revela, una vez más, como un simple eslogan propagandístico reservado exclusivamente para los demás.
