Javier Fernández Torres, uno de los seis procesados por la difusión de las acusaciones falsas relacionadas con el Bar España de Benicarló, sostiene que sus informes jurídicos únicamente pretendían impulsar una investigación oficial. Durante el juicio celebrado en Castellón ha responsabilizado al fallecido Reinaldo Colás de la difusión mediática de las denuncias. La Fiscalía solicita penas de hasta siete años y medio de prisión.
Valencia, 21 de octubre de 2026. Tres décadas después de que comenzara a difundirse la historia de una supuesta red de abusos sexuales a menores vinculada al Bar España de Benicarló, el procedimiento judicial contra seis personas acusadas de contribuir a la propagación de aquellas acusaciones ha entrado en una nueva fase con la declaración del abogado Javier Fernández Torres.
El letrado, que ejerce su propia defensa, reconoció durante el interrogatorio celebrado el martes 20 de octubre que llegó a obsesionarse con el caso y que, en su momento, consideró verosímil la documentación que había recibido.
Sin embargo, negó haber participado directamente en la difusión de las acusaciones a través de medios de comunicación y sostuvo que su actuación se limitó a elaborar informes jurídicos y trasladar documentación a diferentes instituciones para solicitar que se investigaran los hechos.
La causa examina la responsabilidad penal de seis personas por la difusión de acusaciones sobre una supuesta trama de pederastia y rituales satánicos que alcanzaron una importante repercusión pública, pese a no contar con pruebas que acreditaran su existencia.
Un juicio sobre la difusión de una historia que marcó a Benicarló
El procedimiento se celebra en la plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón.
Los seis acusados se enfrentan a imputaciones relacionadas con presuntos delitos de injurias, calumnias con publicidad y contra la integridad moral.
La Fiscalía solicita penas que alcanzan los siete años y medio de prisión, según la información difundida sobre el procedimiento.
El juicio no tiene como finalidad demostrar la existencia de aquella supuesta red criminal, sino determinar las posibles responsabilidades derivadas de la elaboración y difusión de acusaciones que señalaron públicamente a diferentes personas.
Durante años, la historia del Bar España circuló por medios de comunicación, publicaciones digitales y redes sociales, convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos de propagación de acusaciones graves sin respaldo probatorio.
Javier Fernández Torres reconoce su obsesión con el caso
El abogado declaró que llegó a considerar creíble la documentación que le había facilitado Reinaldo Colás, señalado como uno de los principales impulsores de las acusaciones y fallecido antes de la celebración de este juicio.
Fernández Torres admitió que el asunto llegó a obsesionarle.
No obstante, defendió que su intervención tenía una finalidad jurídica: conseguir que las autoridades competentes examinaran la información recibida.
Según su versión, nunca pretendió presentar los hechos como judicialmente acreditados, sino promover actuaciones de investigación.
Esta explicación constituye su posición de defensa y deberá ser valorada por el tribunal junto con el resto de las pruebas.
Los informes jurídicos que investiga la Fiscalía
Uno de los elementos centrales del procedimiento es la elaboración de diferentes informes jurídicos.
Según la acusación, estos documentos contribuyeron a dar una apariencia de credibilidad a las denuncias.
Fernández Torres explicó que trabajó a partir de un expediente de 204 páginas que le había facilitado Reinaldo Colás.
En esa documentación se mencionaban trece supuestos asesinatos.
La Fiscalía también atribuye al abogado la elaboración de un informe en el que se planteaba la posible existencia de dos muertes y ochenta supuestos casos de abusos sexuales a menores relacionados con el entorno de un centro de menores del Baix Maestrat.
Estas cifras corresponden a las acusaciones incluidas en la documentación investigada y no representan hechos acreditados.
La asociación Abogados contra la Corrupción
Otro de los aspectos examinados durante el juicio es la creación de una entidad denominada Abogados contra la Corrupción.
Según la Fiscalía, esta organización habría servido para dar cobertura formal a la difusión de las acusaciones.
Durante su declaración, Fernández Torres reconoció que era el único integrante de la asociación.
El ministerio público considera que la existencia de esta estructura contribuyó a dotar de apariencia institucional a unas denuncias que carecían de acreditación judicial.
El acusado, por su parte, mantiene que actuó con la intención de promover investigaciones oficiales.
Documentación enviada a instituciones y responsables políticos
Fernández Torres explicó que recomendó trasladar la documentación a diferentes organismos públicos.
Según su testimonio, se remitió información a instituciones judiciales, administraciones autonómicas y estatales, representantes políticos y fuerzas de seguridad.
El abogado sostuvo que esperaba que los organismos competentes examinaran los documentos y determinaran si era necesario abrir nuevas investigaciones.
También aseguró que intentó contactar con responsables de la Generalitat.
Entre ellos mencionó a Mónica Oltra, aunque afirmó que no consiguió establecer contacto con ella.
El acusado insiste en que las autoridades no investigaron suficientemente
Durante el interrogatorio, el abogado mantuvo sus críticas a la actuación de determinadas instituciones.
Según su versión, la Generalitat, la Fiscalía, el juzgado de Vinaròs y la Guardia Civil no investigaron adecuadamente las denuncias que se habían planteado.
Estas afirmaciones forman parte de su declaración y no deben interpretarse como una constatación judicial de inactividad.
Precisamente, una de las cuestiones que rodean el caso es la diferencia entre solicitar una investigación y difundir públicamente acusaciones graves contra personas identificables sin pruebas suficientes.
Niega haber difundido los informes a periodistas
Fernández Torres rechazó haber facilitado directamente documentación a periodistas y otros divulgadores relacionados con la expansión de la historia.
Según su declaración, cuando los medios de comunicación le preguntaban por los informes, los remitía a Reinaldo Colás.
Entre las personas mencionadas en la información del procedimiento figuran el periodista Josele Sánchez y Virginia Mota, vinculada al medio digital Aquí Actualidad.
El abogado sostiene que no fue responsable de la difusión pública de las acusaciones a través de estos canales.
La Fiscalía deberá acreditar, en su caso, qué intervención concreta tuvo cada procesado.
Las acusaciones alcanzaron a políticos y responsables públicos
La historia del Bar España llegó a señalar a diferentes personalidades políticas y públicas.
Entre los nombres mencionados en la información sobre el caso aparecen Carlos Fabra, Francisco Camps y Mónica Oltra.
La inclusión de estas personas en aquellas acusaciones no significa que existieran pruebas de su participación en los supuestos delitos.
La difusión de imputaciones tan graves sin acreditación suficiente constituye precisamente uno de los elementos que explican la relevancia del procedimiento judicial.
El papel de Reinaldo Colás
Durante su declaración, Fernández Torres atribuyó a Reinaldo Colás buena parte de la responsabilidad en la difusión de la historia.
El abogado aseguró que desconocía determinados antecedentes personales y judiciales de Colás.
Según la información difundida durante el juicio, este había mantenido un litigio por la custodia de sus hijas y había sido condenado por una denuncia falsa de abusos sexuales contra la nueva pareja de su exmujer.
Fernández Torres afirmó que no conocía estos antecedentes cuando participó en la elaboración de los informes.
La declaración pretende explicar el contexto en el que recibió la documentación y las razones por las que consideró que debía trasladarse a las autoridades.
El interrogatorio comenzó con dos horas de retraso
La sesión judicial comenzó después de resolver diferentes cuestiones previas planteadas por las defensas.
Entre los asuntos debatidos figuraba la legitimación del Ministerio Fiscal para intervenir en el procedimiento, cuestionada por los abogados de algunos acusados.
Una vez abordadas estas cuestiones, comenzó la declaración de Javier Fernández Torres.
El acusado respondió a las preguntas relacionadas con sus informes, la asociación Abogados contra la Corrupción y la difusión de las denuncias.
La Fiscalía solicita hasta siete años y medio de prisión
El procedimiento continúa contra seis personas por su presunta participación en la difusión de las acusaciones.
La Fiscalía solicita penas de hasta siete años y medio de prisión por delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias con publicidad.
La responsabilidad de cada acusado deberá determinarse individualmente.
Hasta que exista una sentencia firme, todos mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
El caso Bar España y las consecuencias de las acusaciones falsas
El juicio representa una nueva etapa judicial en una historia que comenzó a circular hace aproximadamente treinta años.
Las acusaciones relacionadas con el Bar España adquirieron una gran repercusión y afectaron a personas e instituciones que fueron señaladas públicamente.
El procedimiento actual plantea cuestiones sobre la responsabilidad de quienes elaboran documentos, respaldan afirmaciones o contribuyen a difundir denuncias de especial gravedad.
También pone de manifiesto la importancia de diferenciar las sospechas, las afirmaciones de terceros y los hechos acreditados judicialmente.
Javier Fernández Torres ha reconocido que llegó a obsesionarse con el caso Bar España, aunque sostiene que sus informes únicamente buscaban promover investigaciones oficiales. La Fiscalía considera que contribuyó a dar credibilidad a unas acusaciones falsas y solicita penas de hasta siete años y medio de prisión para los seis procesados.
